Otro líder nativo denuncia que madereros ilegales lo han amenazado de muerte

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Fuente: La República

Elízabeth Prado

La denuncia que desde hace una década viene haciendo Washington
Bolívar Díaz sobre la tala ilegal de caoba, el carrusel de guías de
remisión, y la corrupción de autoridades fiscales, policiales y
forestales en la región Ucayali ha terminado por soliviantar a los
madereros, quienes lo han amenazado de muerte.

El líder kakataibo teme ser asesinado como han hecho con el asháninka
Edwin Chota Valera hace quince días.

El indígena que vive en la comunidad Mariscal Cáceres, en el distrito
Aguaytía, provincia Padre Abad, dijo al defensor del Pueblo, Eduardo
Vega, en Lima, que los madereros no solo están deforestando el bosque
sino que han constituido una mafia que ha llegado a comprar la voluntad
de autoridades.

«Las denuncias que hacemos por corrupción son archivadas, no podemos
confiar en ninguna autoridad porque los madereros tienen su red de
informantes. Vengo a su despacho para que nos ayude. Me han amenazado de
muerte, me van a matar», clamó Washington Bolívar, tras señalar a
Antonio Merino Shaus como la persona que hace lo que quiere con los
permisos forestales en la zona. Además de tener gran poder económico
en Aguaytía.

La tala ilegal, refirió, también se da dentro del Parque Nacional
Cordillera Sur. Ahí la presencia de guardaparques no es una garantía
porque la caoba, el cedro y tornillo son dejados pasar por 500 soles.
Estas maderas van hacia Brasil sin que la Dirección Forestal de la
región lo impida.

Junto a Washington Bolívar estaba su hermano Abraham Bolívar, quien
reclamó que a este álgido problema no se le dé la debida importancia.

«¿Dónde están los funcionarios encargados de que esto no suceda?
¿Dónde está la fiscalía anticorrupción? Mueren indígenas y no pasa
nada», protestó.

Dolido por la indiferencia de las autoridades de Lima, Abraham Bolívar
manifestó que si no se corrige el caos que impera en la región
Ucayali, los nativos van a proceder a organizar un ‘ejército de
comandos licenciados y reservistas’ (personas que sirvieron al
Ejército) para defenderse de la iniquidad imperante.

Ambos consideraron que la solución para evitar la invasión a sus
tierras es la titulación de las comunidades, derecho que buscan desde
hace 25 años.También consideraron oportuna la formación de una mesa
multisectorial y la reunión del Consejo de Ministros en Ucayali.

En cuanto a la titulación de las comunidades indígenas, el
antropólogo Richard Smith, del Instituto Bien Común, presente en la
cita con la Defensoría del Pueblo, recordó que la inseguridad
territorial fue el tema de fondo del ‘Baguazo’, y ahora último del caso
Chota Valera. Por eso alertó sobre los alcances de la Ley 30230, en su
capítulo III, referido al saneamiento físico legal de predios para
inversión pública o privada. Norma que fue emitida en pleno Mundial de
fútbol de Brasil.

«Es un golpe a la seguridad territorial en zonas rurales, afirmó. Y
anotó la inconstitucionalidad de esta ley porque vulnera los derechos
indígenas y también los temas administrativos.

Fiscal incómodo

Washington y Abraham Bolívar Díaz también refirieron al Defensor del
Pueblo que en Aguaytía solo hubo un fiscal probo. Se trata de Francisco
Berrospi Ballarte.

Este ex magistrado fue retirado del cargo precisamente por haberse
atrevido a denunciar. Intervino al abogado de un ingeniero forestal de
la Dirección Ejecutiva del gobierno regional de Ucayali cuando fue
informado sobre el arribo de una avioneta con 25 kilos de semilla de
caoba. La persona que recibió la carga fue el abogado, y Berrospi
Ballarte lo denunció.

Pero quien movió todas sus influencias para retirarlo del cargo como
representante del Ministerio Público fue el ciudadano chino Yan Guan
Yi, personaje dedicado a la minería ilegal. A esta persona le fueron
incautados vehículos y maquinaria pesada.

Francisco Berrospi, como abogado, defendió los derechos de Edwin Chota
Valera y de Washington Bolívar Díaz, pero ambos casos fueron
archivados.

Claves

Madereros, cocaleros y mineros ilegales son los grupos que han generado
desgobierno en Padre Abad.

Antonio Merino Shaus es dueño de la maderera Santa María. Es un
empresario formal, pero se le acusa de practicar la tala ilegal,
especialmente de roble.

El Lote 133 cuenta con ampliación, que no fue consultada. Perjudica a
la comunidad Mariscal Cáceres tal como lo revelan las coordenadas de la
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