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por Yvette Sierra Praeli en 9 abril 2021
- Un sistema de titulación de predios de manera irregular está detrás de las tierras que ahora ocupa la colonia menonita en Masisea.
- Más de 40 fichas catastrales fueron elaboradas en el 2015 con información falsa para titular bosques como si fueran áreas de cultivo.
- Este mecanismo irregular, usado en varios lugares de la región Ucayali, no solo permitió que se deforesten alrededor de 1000 hectáreas de bosques del Estado en Masisea, sino también dentro de comunidades nativas.
En setiembre de 2015, un grupo de trabajadores de la Dirección Regional Sectorial Agricultura de Ucayali (Drsau) llegó al distrito de Masisea con un fin: hacer un catastro rural en un área de bosque situada al borde de la carretera Masisea-Imiría, vía que recorre un tramo de la Amazonía peruana.
Ese fue el inicio de un intrincado sistema de entrega irregular de terrenos que tiempo después acabaron en manos de la colonia menonita, establecida en ese distrito del departamento de Ucayali.
En este proceso participaron autoridades del Gobierno Regional de Ucayali —algunas de ellas hoy investigadas y con prisión domiciliaria— que utilizaron sus cargos para entregar bosques de manera ilegal. Esta historia es un buen ejemplo de cómo en el Perú, algunos bosques se talan primero en papel y luego en el campo.
El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, explica que esta es una modalidad más del tráfico de tierras, en la que la adjudicación de terrenos en papel parece legal, pero que en realidad se sustenta en información fraudulenta. “Es lo que pasa en la Amazonia y lo que pasa en Ucayali, es decir, personas que sirven de testaferros para que reciban los predios y después los venden. En esta búsqueda nos vamos a encontrar con actos de corrupción de los gobiernos regionales, que no es un secreto. Se sabe que los gobiernos regionales han utilizado los títulos agrarios para sanear propiedad del Estado que tenía bosques primarios”.
Más de 1000 hectáreas de bosques, ubicados en la ruta que va desde la pequeña ciudad de Masisea hasta los territorios de las comunidades nativas Caimito y Buenos Aires, fueron demarcadas como predios individuales y luego inscritas a nombre de personas que ahora no recuerdan en qué momento se convirtieron en propietarios.
Mongabay Latam accedió a 47 de esas fichas catastrales elaboradas en el 2015 por el equipo de la Drsau que llegó hasta Masisea, una localidad ubicada a unas tres horas de navegación por el río Ucayali desde la ciudad de Pucallpa. Los números de estas fichas catastrales figuran en la lista de los 64 predios que la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha incluido en su investigación por delitos contra los bosques y formaciones boscosas en contra de la colonia menonita.
Además, en la búsqueda de las 47 fichas en el Sistema Catastral para Predios Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (SICAR) —base de datos oficial que muestra información de los predios rurales de Perú— pudimos establecer que 29 de esos predios se superponen con los territorios de dos comunidades del pueblo shipibo-konibo: cuatro con la comunidad nativa Caimito y 25 con la comunidad nativa Buenos Aires.
“Eso fue un negocio muy grande. Los mismos trabajadores de agricultura tienen la culpa. El que era director de Agricultura, [Isaac] Huamán ha dado los predios a esas personas. Lo hicieron en coordinación con la municipalidad. El alcalde de Masisea hacía reunión con los trabajadores explicando que iban a titular los predios”, dice Adán Sánchez, presidente de la Federación Fronteriza de las Comunidades Nativas del Lago Imiria y Chauya Masisea (Feconalicm), en una entrevista telefónica con Mongabay Latam.
¿Cómo terminaron entonces esos 47 predios en manos de la colonia menonita?
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