Más de la mitad de la Amazonía (65,8%) se encuentra bajo algún tipo de amenaza

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó este jueves la versión digital del «Atlas Amazonía Bajo Presión 2020», que recoge de manera interactiva los resultados de la investigación sobre las transformaciones que ha presentado la Amazonía en un período de 19 años.

Entre los años 2000 y 2018, la deforestación acumulada alcanzó 511.787 km2 en la Amazonía, un área similar al territorio continental de España. Las razones de esta transformación son múltiples y responden a su complejidad. Entenderlas y plantear soluciones innovadoras, basadas en el conocimiento científico, requiere un profundo análisis de la región y de los actores que intervienen en ella, tal como lo plantea este análisis técnico.

El lanzamiento de la versión digital del Atlas se realizó durante el foro virtual “Atlas RAISG 2020: una herramienta para tomar decisiones informadas sobre la protección de la Amazonía”, organizado por RAISG y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  https://atlas2020.amazoniasocioambiental.org/

La primera edición del Atlas se publicó en 2012 y, ocho años después, la segunda edición presenta un panorama detallado del nuevo contexto regional a partir de dos grandes categorías de análisis: presiones y amenazas (infraestructura, industrias extractivas y actividad agropecuaria) y síntomas y consecuencias (deforestación, quemas y cambio en la cantidad de carbono).  

Además, incluye datos sobre la productividad hídrica de las cuencas hidrográficas de la región; la distribución del territorio y las figuras de protección que existen, como Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas -altamente efectivas para la conservación de los bosques y su población-. Aquí es importante destacar que el límite utilizado por la RAISG para definir la Amazonía (8.470.209 km2) se basó en tres criterios: cuenca del Amazonas, ecosistemas amazónicos y región administrativa. 

“Perú sobresale como el país con el mayor territorio de su Amazonía amenazada (42%). La deforestación y degradación de las cabeceras amazónicas recibió un nuevo impulso por el efecto sinérgico del tráfico de tierras con invasión de territorios indígenas, la tala ilegal, la minería aurífera ilegal, el tráfico de fauna silvestre y proyectos viales estatales que facilitan las invasiones”, señala Ernesto Ráez, director ejecutivo del Instituto del Bien Común.

¿Cuáles son las presiones que afectan a la Amazonía?

Vías, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería, actividades agropecuarias y economías ilegales son responsables de la rápida transformación que experimenta la región. Considerando que una carretera puede impactar entre 5 y 50 kilómetros a ambos lados de su trazo, tenemos que la infraestructura vial ha alterado 4,6 millones de km2 de la Amazonía, equivalente al 55% de su superficie total, con graves impactos para la biodiversidad y para los medios de vida de comunidades y habitantes de la Amazonía.

Para marzo de 2020 ya existían o estaban planificadas 883 hidroeléctricas. En Territorios Indígenas, los proyectos en planeación aumentaron un 60% en ocho años (2012–2020) y en Áreas Naturales Protegidas, las hidroeléctricas en operación o construcción incrementaron un 77% para el mismo período.  

 Según distingue el Atlas, las presiones hacen referencia a todas las actividades que están en curso o en proceso de instalación y cuyos impactos pueden ser medidos; en tanto que las amenazas son proyectos e inversiones planificadas cuyas características permiten calcular sus impactos a futuro. 

La minería es una de las actividades con mayor crecimiento; pasó de concentrar 52.974 zonas mineras en el 2012 a 58.432 en el 2020, lo que representa un incremento de 10%. Esta actividad afecta al 17% de la región y se realiza en todos los países que conforman el bioma. Sin embargo, se concentra sobre todo en cuatro países; el 96% de la minería se desarrolla en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú, siendo Brasil el país que concentra más áreas de interés para esta actividad extractiva (75%) en la región. 

Por su parte, el impacto de megaproyectos de infraestructura e industrias extractivas en la Amazonía es devastador. Si bien algunas de estas actividades son consideradas motores de desarrollo en la región amazónica, es necesario plantear un modelo distinto que promueva la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad, y que salvaguarde los pueblos indígenas y sus derechos. 

 Ecosistemas en constante intervención

La pérdida de bosque es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la Amazonía. Sus causas, que varían en importancia y tipo para cada país, están asociadas a actividades extractivas, agropecuarias y obras de infraestructura. 

Entre 2000 y 2018, el 87,5% de la deforestación ocurrió fuera de los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía, y solo el 12,5% de la deforestación ocurrió dentro de ellos. En este período, Brasil determinó la tendencia, con 425.051 km2. Por su parte, Colombia y Bolivia muestran un comportamiento similar, con pérdidas de 31.878 y 20.515 km2 respectivamente. 

En la última década, las quemas se han convertido en una amenaza preocupante para los bosques porque impulsan la deforestación. Esta práctica se emplea para convertir extensas áreas de bosques tropicales en paisajes agropecuarios y sus consecuencias son cada vez más difíciles de controlar y extinguir. Entre 2001 y 2019, el avance del fuego afectó al 13% de la Amazonía; en superficie esto equivale a todo el territorio de Bolivia.

Áreas que protegen los bosques  

Al tiempo que la deforestación continúa expandiéndose, presionando enormes extensiones de bosque nativo a su alrededor, los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas siguen confirmando su importancia como espacios de conservación efectiva en la región y los problemas climáticos a escala global. 

A la fecha, los Territorios Indígenas comprenden 2.376.140 km2, equivalentes a 27,5% de la Amazonía, mientras que hay 2.123.007 km2 en Áreas Naturales Protegidas que representan 24,6% de la región. En conjunto, estas dos categorías cubren 47,2% de la Amazonía, según la información disponible a diciembre de 2019. Desde la primera edición del Atlas, publicada en 2012, la superficie de las áreas bajo régimen de protección aumentó un 6% en seis países amazónicos. 

Aunque el dato es positivo, los esfuerzos gubernamentales para consolidar políticas que garanticen el reconocimiento y la debida protección de Territorios Indígenas y Áreas naturales Protegidas son tenues en la mayor parte de los países amazónicos, y en algunos casos, como en Brasil, han entrado en parálisis en los últimos años.

“Para el caso del Perú, son todavía numerosos los territorios indígenas que no cuentan con el reconocimiento oficial del Estado, lo cual pone en riesgo la conservación de sus bosques y el buen vivir de sus poblaciones», observa Carla Soria, especialista del Instituto de Bien Común.

Al respecto, Ernesto Ráez, director ejecutivo de dicho Instituto, señala que el Perú enfrenta una ola de asesinatos de líderes y defensores territoriales, por parte del crimen organizado interesado en copar los territorios indígenas. “El tráfico de tierras, con la complicidad de malos funcionarios, ofrece la base para la expansión de cultivos ilícitos (Perú es el segundo productor mundial de coca) y para acciones de deforestación masiva por parte de empresas agroindustriales y agricultores menonitas. Todo ello se vio agudizado con la pandemia COVID-19, durante 2020.”

 

Sobre RAISG

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, Raisg, es una red colaborativa de organizaciones de la sociedad civil de los países que comparten el territorio amazónico, con apoyo de la cooperación internacional. La Red genera y difunde conocimiento, datos estadísticos e información georreferenciada del bioma amazónico orientada a la toma de decisiones a la sostenibilidad socioambiental de la Amazonía.

Descargar el Atlas en PDF:
https://www.amazoniasocioambiental.org/es/publicacion/amazonia-bajo-presion-2020/