Foto: Reserva Territorial  Kugapakori Nahua Nanti

Autor: Pedro Tipula

Es un hecho reconocido que los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) figuran entre las poblaciones más vulnerables del planeta, y  a pesar de ser reconocidas por en el Perú como sujetos de protección estatal a través de las llamadas Reservas Territoriales, es evidente que desde hace décadas su protección constituye  una de las últimas prioridades para el Estado peruano. Hoy en día, a menos de dos semanas  de las elecciones generales, no hay propuestas políticas adecuadas respecto de la protección de la intangibilidad de sus territorios, cada vez más reducidos  por la presencia de madereros, colonos, explotadores de gas y petróleo, entre otras amenazas.

La indiferencia del Estado peruano hacia los PIACI se hace evidente al no reconocer nuevas reservas y, menos aún, proteger las ya existentes, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. En su segundo gobierno, Alan García, negó la existencia de los PIACI al señalar que “la figura del nativo selvático no contactado es un invento de los anticapitalistas”. Si bien el presidente Ollanta Humala no niega la existencia de los pueblos PIACI, tampoco ha promovido efectivas políticas y estrategias de protección para estos pueblos. Al contrario, ha aprobado leyes que facilitan el acceso de las empresas extractivas a los territorios de los PIACI.

Leyes que atentan contra la protección de los PIACI

Si bien fue importante la creación de las reservas territoriales  -áreas establecidas por el Estado peruano en los años 90 para proteger los territorios por donde circulan los PIACI-, no ha sido suficiente. Ha transcurrido una década desde que se dictó la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Situación de Contacto Inicial, que declara el carácter intangible de las reservas pero que contradictoriamente  precisa que en caso de resultar de “necesidad pública”, el Estado permite operar a las industrias extractivas en sus territorios cuando lo permita el estudio de impacto ambiental. Cabe destacar que con frecuencia estos estudios son realizados por encargo de la propia empresa concesionaria.

Esta misma ley creó la Comisión Multisectorial, encargada de la adecuación y categorización de “Reservas Territoriales” a “Reservas Indígenas”, la cual debía dar importancia a la intangibilidad de las reservas, protegiendo el derecho de los PIACI a la vida, a la cultura, a la libre determinación y al territorio, al margen de la denominación. Sin embargo, no hizo más que manifestar los intereses estatales que favorecían el avance de la frontera petrolera cuando en 2015 aprobó la licitación pública internacional de 26 nuevos lotes de hidrocarburos en la Amazonía peruana, sin antes resolver la deuda social y ambiental que ha generado la actividad petrolera en el país.

En medio de las contradicciones que conlleva la adecuación y categorización de las reservas al proteger y a la vez poner en riesgo la intangibilidad del  territorio de los PIACI,  ha habido algunos avances, como la elaboración de Estudios Previos de Reconocimiento, para aquellas reservas territoriales que aún no han sido creadas,  y Estudios Adicionales de Categorización, para aquellas reservas territoriales ya creadas. Dichos estudios fueron encargados por el  Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, ente rector en materia de protección de los derechos de los PIACI, a  diversas instituciones especializadas en PIACI a finales del 2015 y principios de 2016.

Reservas territoriales en peligro

La Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti, que abarca las regiones de Ucayali y Cuzco, y la propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre, ubicada en Loreto, aún no cuentan con  estudios complementarios  para su categorización como reserva indígena. Ambos casos están marcados por un conflicto de intereses, pues parte o la totalidad de la superficie de las  reservas  están superpuestas a lotes petroleros en fase de exploración o  producción.

Así, desde el 2010, Pluspetrol viene gestionado la ampliación de sus operaciones de exploración y explotación del  Lote 88, el cual se superpone en un 25 % de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti. Esta ampliación afectaría la precaria situación de poblaciones en contacto inicial como Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato. Diversos estudios realizados por  la ONG especialista en temas indígenas SHINAI, la antropóloga especialista en PIACI Beatriz Huertas y el  Ministerio de Cultura, entre otros,  confirman que estos pueblos y otros aún no identificados habitan la reserva. Sin embargo, algunas autoridades niegan su existencia, como Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas,  que en el 2013 mencionó que en dicha reserva no se podría implementar la consulta previa porque “no hay pueblos no contactados”.

Una situación similar se presenta en la propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre, también  en peligro a causa de los lotes 67 y 39, superpuestos en  un 60%  a la reserva. La empresa dueña de los lotes, Perenco Perú Limited, ha negado la existencia de pueblos en aislamiento, a pesar de que en el Estudio de Impacto Ambiental de la exploración sísmica la empresa consultora GEMA hace mención a avistamientos de estos pueblos, posiblemente de la etnia pananujuri y un subgrupo de la etnia waorani. Asimismo,  existen reportes de las comunidades nativas locales, centros poblados, madereros y personas vinculadas a empresas petroleras que confirman la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en la zona.