Misión

Nuestra misión es trabajar con las comunidades rurales del Perú por el cuidado de los bienes comunes (cuerpos de agua, bosques, pesquerías, áreas naturales protegidas y territorios comunales, entre otros), contribuyendo así al bienestar de estas poblaciones y de todos los peruanos. Son elementos clave para lograr nuestra misión el ordenamiento y planificación territorial, la gobernanza orientada al cuidado de los bienes comunes, la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el respeto de los derechos y la cultura de las poblaciones indígenas y no indígenas y el conocimiento científico y local.

Visión

En nuestra visión, la sociedad peruana cuida y valora los bienes comunes (cuerpos de agua, bosques, pesquerías, áreas naturales protegidas y territorios comunales, entre otros) basándose en el amplio reconocimiento de que el uso sostenible de los bienes comunes es de vital importancia para el bienestar de todos. El Instituto del Bien Común considera que la tradición y las diversas instituciones de tenencia y manejo común de recursos naturales y culturales, servicios y espacios constituyen una plataforma para el desarrollo sostenible; esto es, para derrotar la pobreza mientras que se conserva la calidad del medio ambiente para la presente y las futuras generaciones de mujeres y hombres. Este concepto suele ser negado por quienes ven la relación hombre-naturaleza a través de un marco mercantil extremo y un entendimiento puramente utilitarista y egoísta de la economía. El IBC considera como fundamento para el desarrollo sostenible una equilibrada relación entre los intereses privados y los intereses comunes dentro de una comunidad social. El diálogo armónico entre el derecho privado y el derecho colectivo es indispensable para cualquier proyecto social humanista. Encontrándonos en un período histórico mundial cargado de retos perentorios preocupa al IBC constatar que los bienes comunes y su adecuado manejo se encuentran extremadamente descuidados en el pensamiento y en las acciones de los organismos públicos y de las instituciones de la sociedad civil peruana. Nos preocupa aun más el hecho de que, en un marco de avasallamiento de otros valores fundamentales, la acción colectiva para resolver problemas comunes ha ido perdiendo vigencia. Así, por ejemplo, en el caso del fenómeno “El Niño” de 1997-1998, cuya predicha aparición demandaba la respuesta colectiva de la población y el aliento a esta actitud por parte de las autoridades públicas, se observaron respuestas individuales de menor eficiencia y la ausencia de una institucionalidad requerida para la acción común. Lo cierto es que existen desafíos muy serios. Hace falta plasmar el concepto de ciudadanía para cada peruano –gobernante o gobernado- en una cultura del derecho y la responsabilidad frente a los bienes comunes. El mercado impone múltiples presiones sobre los recursos naturales y culturales, los servicios y los espacios comunes así como sobre los grupos humanos que los manejan. Hay en el país serias dificultades para la gestión de los bienes comunes, y esto es en parte debido a la confusión respecto a quién ejerce la autoridad en el contexto de lo común y en parte porque en el marco de la economía mundial, han ido surgiendo entre los grupos de propietarios en común, nuevos intereses individuales y una diferenciación social que condiciona su capacidad de gestión colectiva. En esta situación, el reto para el IBC es el de contribuir a entender mejor la relación dinámica entre el bien común y el bien individual, buscar soluciones a los problemas prácticos de la gestión y la economía de los recursos, servicios y espacios comunes y contribuir a crear una conciencia ciudadana sobre la importancia vital que aquellos tienen para la seguridad y el bienestar individual y para la identidad y el desarrollo sostenible del país en su conjunto. La propuesta del IBC reconoce que los sistemas de vida están interconectados de un modo tal que la gestión del territorio y el estilo de producción en una parte del planeta, influirán sobre el medio ambiente en otras regiones y países. Reconoce igualmente que existe un equilibrio delicado entre la calidad de vida de las comunidades humanas y las de las otras especies animales, vegetales y microbiológicas. La Tierra es un sistema físico y biológico que debe ser cuidadosamente gestionado para su conservación y continuidad. Esta interconexión se hace más evidente cuando se estudian regiones específicas tales como una cuenca o un ecosistema particular. El bienestar común requiere de dos tipos de acuerdos o contratos en el sentido Rousseauniano: un contrato social que contrapese armónicamente el bienestar común y la libertad individual, y un contrato ecológico que contrapese la calidad ambiental del planeta con el deseo y el actuar social e individual de las personas, es decir, de tenencia y gestión de los recursos y espacios naturales que permita –todo en uno- el desarrollo socioeconómico humano y la protección de los ecosistemas y la continuidad en el tiempo de los importantes servicios que éstos brindan.