“El Perú actual es el resultado de una histórica falta de planificación y regulación, factores que han afectado especialmente a sus ecosistemas, como el andino-amazónico, los cuales son ricos en biodiversidad y poseen una diversidad cultural única”, señala el geógrafo Pedro Tipula, experto en Ordenamiento Territorial, con una larga trayectoria en el instituto del Bien Común, IBC. “Durante más de tres décadas, en Perú se ha priorizado el desarrollo de actividades económicas, principalmente extractivas, lo que evidencia el desconocimiento del territorio y falta de una presencia efectiva del Estado y sus normativas”, añade.
“Confiamos en que la nueva norma (Ley Nº 32279 de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial) siente las bases para superar la ocupación desordenada del territorio, y que permita articular, mediante un enfoque integral que vincule las políticas de desarrollo, los diversos instrumentos existentes, actualmente dispersos en distintos sectores del Estado y hasta hace pocos días sin posibilidad de coordinación efectiva”, sostiene.
Según el experto, esta ley será una herramienta fundamental para abordar los conflictos ambientales y sociales, especialmente en la Amazonía, pues no solo busca resolver disputas, sino también garantizar un futuro en el que las comunidades y el medio ambiente puedan coexistir de manera equilibrada. Su implementación efectiva es esencial para la conservación de la Amazonía y el bienestar de sus habitantes.
Advierte que, sin embargo, no basta con promulgar la norma y establecer la institucionalidad; es necesario que esto vaya acompañado de una firme voluntad política para generar los cambios reales que se requieren, por lo que unprimer paso crucial y urgente es la reglamentación de la ley, para hacer posible su aplicación.
A lo largo de décadas de trabajo por el ordenamiento territorial y la seguridad jurídica de las comunidades nativas y campesinas, Tipula ha podido observar que “el Perú ha recorrido un complejo camino institucional marcado por avances y grandes retrocesos, en perjuicio de la planificación del uso y desarrollo del territorio de una manera ordenada y sostenible, resultando los grandes perdedores los territorios comunales de los pueblos indígenas, así como los ecosistemas de nuestro país, que es altamente valorado por su riqueza cultural y su megadiversidad”.
Según su criterio, resulta difícil de comprender las razones que han llevado a los sucesivos gobiernos nacionales a posponer por décadas decisiones cruciales en materia de ordenamiento territorial, pese a su relevancia para evitar conflictos socioambientales y pese al reconocimiento de su valor para lograr un desarrollo ordenado, sostenible y equitativo, que garantice el respeto de los derechos de las comunidades y la protección de los recursos naturales.
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