INSTITUTO DEL BIEN COMÚN RECHAZA LA APROBACIÓN DE LA LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUCALLPA – CRUZEIRO DO SUL

PRONUNCIAMIENTO

INSTITUTO DEL BIEN COMÚN RECHAZA LA APROBACIÓN DE LA LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUCALLPA – CRUZEIRO DO SUL

El día viernes 21 de mayo, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley N° 6486-2020 que “Declara de necesidad pública e interés nacional la integración sostenible multimodal entre Pucallpa, departamento de Ucayali, república del Perú y los estados de Acre, Cruzeiro do Sul, república federativa de Brasil”. Esta decisión, tal como advirtió la Defensoría del Pueblo, constituye una flagrante amenaza contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un retroceso en materia de protección ambiental, por las siguientes razones:
• La propuesta de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul ha sido discutida durante casi dos décadas y sometida a diversos estudios, análisis económicos, ambientales y de organizaciones indígenas; obteniéndose como resultado un consistente rechazo del proyecto, puesto que la construcción de esta carretera provocaría una deforestación no menor de 24 mil hectáreas y amenazaría numerosos territorios indígenas. A pesar de ello, el proyecto no contó con un dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
• Este proyecto, justificado en los mismos términos con que se sustentó la megainversión de la Interoceánica Sur, multiplicará los impactos negativos de dicho megaproyecto, pues exige ampliar vías a bosque traviesa; mientras que el anterior consistió en pavimentar una vía ya existente. La Interoceánica Sur ya ofrece una conexión terrestre con el estado de Acre, Brasil, y ha fracasado en dinamizar el comercio con dicho país, como fue prometido. ¿Qué sentido tiene entonces invertir en una segunda vía?
• La Interoceánica Sur sí facilitó la proliferación y el establecimiento de la minería ilegal en toda la cuenca del río Madre de Dios, demostrando que toda vía que recorra territorios amenazados por el crimen organizado, sin inversiones sostenibles ni presencia efectiva del Estado, solo puede catalizar procesos depredatorios y reñidos con el bien común.
• Existe un riesgo evidente en la construcción de esta carretera que atraviesa bosques y ríos a lo largo de 140 kilómetros, facilitando la penetración de actividades extractivas ilegales ya presentes en dicho territorio, como la tala y la minería ilegales. Pero sin duda lo más peligroso es que esta carretera constituiría un corredor ideal para el narcotráfico, que ya viene invadiendo la zona y que ha traído una ola de violencia sin precedentes a la Amazonía peruana: desde el inicio de la pandemia COVID-19, nueve líderes y miembros de pueblos indígenas han sido asesinados en el ámbito que nos ocupa.
• Finalmente, este proyecto, en un contexto de crisis ecológica global, contradice meridianamente el llamado de las Naciones Unidas y las agencias multilaterales por una reactivación de las economías basada en inversiones amigables con el medio ambiente. Contradice también los compromisos del Perú en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, del Convenio 169 de la OIT y –especialmente— en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aquí, hace pocas semanas, el Perú se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono a 2050, fundamentalmente por medio de una drástica reducción de la deforestación amazónica. Asimismo, la Comisión de Pueblos aprobó recientemente el dictamen del Proyecto de Ley de Transición Ecológica, que declara la emergencia climática en el país. En estas circunstancias, insistir en propuestas de penetración y expoliación de la Amazonía refleja una insensatez condenable.
En consecuencia, invocamos al Poder Ejecutivo a OBSERVAR la desgraciada norma y al Congreso de la República a desistir de ella, en defensa del orden público, la Amazonía y el bienestar de todos los pueblos.