Impactante reportaje de Convoca.pe sobre el avance del narcotráfico en los territorios de las comunidades nativas del pueblo Kakataibo

Territorios indígenas cercados por el crimen organizado en la selva central
Más de 24 mil hectáreas de tres comunidades nativas en la región Huánuco están tomadas por invasores mientras las pistas de aterrizaje para el comercio de la droga y las extensiones de hojas de coca se incrementan en sus territorios. Los cacataibos de Unipacuyacu han quedado replegados por el narcotráfico en menos del 1 por ciento de su territorio. En Nueva Alianza, la ilegal titulación masiva de predios individuales redujo a la mitad el área que los shipibos buscaban titular desde hace 20 años. Nueva Austria del Sira perdió casi 2 mil hectáreas de bosques. La incursión de taladores y traficantes de tierras tiene a yáneshas y asháninkas bajo amenaza. Un equipo de Convoca.pe recorrió parte del territorio de estas etnias, consideradas entre las más representativas de la Amazonía peruana, y esto fue lo que encontró.

Por Enrique Vera – Viernes, 5 de noviembre de 2021

UNIPACUYACU: VIVIR BAJO EL ASEDIO

El rugido de las motosierras está cada vez más cerca, pero Anselmo, recio cazador de andar pausado, sabe qué ruta debemos tomar. Dirige el rumbo por un sendero que, a fuerza de pisadas, se ha formado sobre la grama, serpentea matorrales y penetra en el bosque. De los dos lados, la selva va envolviendo el camino y lo torna imperceptible. Por ratos es una hilera de hojarasca entre la maleza; y a veces, una senda fragosa cortada por riachuelos o elevaciones. Cuando el monte se hace más tupido, Anselmo corta la enramada con un machete, arranca lianas y abre trocha. Las copas de los árboles de quinilla y shiringa todavía forman un manto que protege del sol en este pedazo de la selva central peruana. Como un acto reflejo, el cazador se detiene de golpe bajo los troncos si sospecha que algún sonido no proviene del movimiento de las aves o iguanas. Y tenemos que hacer lo mismo. Estamos en zona de alto riesgo: cocaleros, taladores y guardianes del narcotráfico suelen recorrer el mismo camino enmarañado.

“Más adelante -susurra Anselmo-, todo este escenario de árboles cambiará”.

Han pasado dos horas desde que partimos del local vecinal de la comunidad nativa Unipacuyacu, en la región Huánuco. Este es apenas un sector del inmenso bosque que la comunidad ha ido perdiendo con el asentamiento constante de invasores. Era el territorio de caza para los indígenas del lugar, y una inacabable despensa de alimentos y materiales para hacer sus viviendas. Pero también, un espacio sagrado para la conservación de imponentes lupunas y shihuahuacos, árboles con más de 200 años que raspan los 60 metros de altura.

Unipacuyacu está en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en el lado este de Huánuco que forma una triple frontera con Ucayali y Pasco. Para llegar hay que viajar primero cuatro horas en auto de Pucallpa, ciudad capital de Ucayali, al centro poblado Nuevo San Alejandro. Una ruta que va develando amplias extensiones de tierra humeante y troncos caídos que hace muy poco fueron árboles de bolaina. El tramo final hacia la comunidad es por el río Sungaruyacu.

Alcides, un hombre bajito que cultiva yucas, dice que cruzar el bosque por estos días depende más de la suerte que del clima. Va al final de la corta fila que encabeza Anselmo, pero será el primero en cruzar el arroyo que separa la selva espesa de la primera zona de cocales en la ruta.

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Casi 7 mil hectáreas de bosques han sido depredados en Unipacuyacu en los últimos 20 años. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Son por lo menos seis hectáreas de cultivos que conforman una chacra donde se levantan colinas también cubiertas de coca. El tiempo de cosecha todavía parece lejano. No hay ningún cocalero en el entorno. Hay que avanzar rápido pero en silencio, y siempre del lado que traza el arroyo. Desde una elevación que marca el límite de la enorme parcela, emergen a la vista minifundios más pequeños y contiguos. Algunos troncos hundidos entre las plantaciones son las únicas señales de la depredación previa. “En esto se va convirtiendo nuestro bosque -indica Alcides con los brazos abiertos- Esta es tierra de invasores”. Como ha ocurrido aquí, detalla el cazador, todo es arrasado por hombres con motosierras que operan a lo largo del año. Son ellos lo que se dejan oír en distintas partes del trayecto, y a quienes hay que eludir.

Los indígenas de Unipacuyacu viven acorralados en su propio territorio. Los cultivos de coca y la amenaza del narcotráfico se expanden sobre áreas invadidas y reconocidas ilegalmente por autoridades. Hay laboratorios de droga y también pistas clandestinas para la salida de vuelos con cocaína. Los comuneros han perdido casi 17 mil hectáreas de sus tierras a manos de invasores. Una situación que se replica en las comunidades de Nueva Alianza y Nueva Austria del Sira, pueblos sobre los que se otorgaron unas 7 mil hectáreas de predios individuales de forma ilegítima. En suma, más de 24 mil hectáreas de estas comunidades son ahora ajenas a sus habitantes originarios.

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Los indígenas cacataibos de Unipacuyacu temen ingresar a su bosque por temor a morir. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Un pueblo sitiado

La comunidad nativa Unipacuyacu está abrazada por la quebrada Pacuyacu, y los ríos San Alejandro y Sungaruyacu. No hay aquí más de 20 casas hechas de madera y ramas, dispersas entre cultivos de yuca o cacao, en unas cinco hectáreas de terreno. El pueblo alberga a 43 familias de indígenas cacataibos y shipibos. También hay algunos yáneshas.

“Los que hemos quedado estamos replegados acá”, indica el jefe de la comunidad, Marcelino Tangoa, shipibo de 46 años que hace poco asumió el cargo.

Unipacuyacu es una de las 631 comunidades nativas del Perú que aún no tienen título de propiedad, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. En 1979, indígenas cacataibos que dominaban las cuencas situadas entre Puerto Inca (Huánuco) y Aguaytía (Ucayali), tomaron posesión de este territorio. Luego de 16 años -el 19 de diciembre de 1995-, el Ministerio de Agricultura reconoció a Unipacuyacu mediante una resolución directoral. Al año siguiente, los comuneros gestionaron la demarcación de las 22.946 hectáreas donde realizaban sus cultivos tradicionales (yuca, maíz o arroz), pescaban y recolectaban. Desde entonces, todas las dirigencias que ha tenido la comunidad cayeron en una lucha interminable por alcanzar la titulación. En el proceso grupos de invasores fueron tomando control de un sector de Unipacuyacu. La Municipalidad Provincial de Puerto Inca creó ilegalmente un centro poblado ahí, y esto devino en la formación de dos caseríos. Hoy en día los comuneros ya no pueden acceder a esos lugares.

“Solo podemos llegar de aquella casita a unos 50 metros más – dice un exjefe de Unipacuyacu que pidió mantener su nombre en reserva, mientras señala desde el local comunal a la última construcción de palos que se ve al frente–. Allí todo está con alambres. Los invasores dicen que en esa parte empieza Nueva Libertad; y que si cruzamos, nos van a matar”. Él era uno de los líderes comunales cuando los primeros colonos se instalaron en una zona de Unipacuyacu por donde discurre el río San Alejandro.

 

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En solo cinco hectáreas de las 23 mil de su comunidad pueden desplazarse los cacataibos de Unipacuyacu. Foto: Hugo Alejos

Agricultores procedentes de Ayacucho y Tocache (San Martín), recuerda el exlíder, fueron tomando amplios sectores de la comunidad para sus sembríos. Entonces, los indígenas no tenían claro cuánto espacio estaban perdiendo, tampoco qué nuevos cultivos empezaban a expandirse sobre su tierra. El 16 de julio del 2008, solo dos años después de que comenzó la invasión, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca reconoció a Nueva Libertad como centro poblado. En la memoria descriptiva elaborada para este lugar quedó establecida una extensión de 11.005 hectáreas. La resolución de alcaldía fue emitida cuando la dirigencia de Unipacuyacu llevaba más de una década pugnando en gestiones para obtener su seguridad jurídica.

El especialista en sistemas de información geográfica y titulación de comunidades indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), Ermeto Tuesta, explicó para este reportaje de Convoca.pe que, a través del reconocimiento, los municipios validan la existencia de un centro poblado como parte de su jurisdicción. “El reconocimiento de los gobiernos locales –precisa Tuesta- no otorga derecho de propiedad”. Sin embargo, Marcelino, el líder comunal, cuenta que los invasores de Nueva Libertad operan como dueños del espacio reconocido para Unipacuyacu.

Dos años después del reconocimiento de Nueva Libertad, parte de su población se desplazó hacia las quebradas Sabadillo y Batuan. Allí formaron los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. Cada uno abarca casi 3 mil hectáreas dentro de Unipacuyacu.

 

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No es de Unipacuyacu, pero este agricultor sabe que cruzar el bosque ahora depende más de la suerte que del clima. Foto: Hugo Alejos

Diversos testimonios recogidos en la comunidad revelan que hubo presiones de funcionarios contra varios líderes indígenas para que aceptaran la entrega de las tierras comunales a los colonos. La Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia) detalla en un memorial que esto ocurrió, por ejemplo, durante una reunión realizada el 7 de noviembre de 2019. La acusación es contra el entonces abogado de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) del Gobierno Regional de Huánuco, Adolfo Cachay. De él se afirma que coaccionó a los representantes indígenas a fin de “evitar conflictos territoriales” en una cita llamada de “coordinación sobre transferencia ilegal de predios rurales y creación de centros poblados”. A la sesión, describe la Feconapia, también llegaron invasores y cocaleros.

En un plano de Unipacuyacu extendido sobre la mesa del local comunal, Marcelino Tangoa señala el lugar donde los indígenas todavía pueden vivir. Es el extremo oriente de la comunidad. Luego, el exlíder ensaya un polígono del área reconocida a Nueva Libertad y prolonga una línea hasta donde estima que ha sido depredado el bosque para la plantación de cocales. Él asegura que los dirigentes del centro poblado han ido entregando constancias de vivencia o certificados de colindancia a los personas que iban instalándose en este sector de la comunidad nativa. “Después, los mismos colonos empezaron a vender las parcelas que recibían. Así trafican nuestras tierras”, dice con amargura. En Unipacuyacu y otros pueblos indígenas cacataibos, como Santa Martha, los contratos de compra-venta hechos por colonos incluso han sido legalizados por juzgados de paz.

Investigadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) que asesoran a Unipacuyacu sostienen que muchos de los últimos parcelarios llegaron desde diversas localidades del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona que concentra las mayores extensiones de cocales en el Perú.

Mientras alista su machete, el cazador Anselmo dice que los cocaleros pueden obtener tres o cuatro cosechas al año en Unipacuyacu. El tipo de suelo y el clima cálido, similar al del Vraem, hacen de esta comunidad un lugar estratégico para el cultivo ilegal de la hoja. También la ausencia de las instituciones de control y la complicada geografía para cruzar el bosque hacia las áreas devastadas donde ahora proliferan matas de coca. Anselmo no es un cacataibo ni asháninka de Unipacuyacu, pero ha hecho el trayecto tantas veces que podría internarse aún a oscuras. Levanta la alambrada que –según la advertencia a los indígenas- marca el inicio de Nueva Libertad. Señala la ruta por donde ha llegado y anuncia: “Verán más que chacras enteras de coca”.

Foco del narcotráfico

Hay una trocha que se interna en el bosque desde un costado de las seis hectáreas de cocales donde estamos. A unos 300 metros de camino aparecen dos pozas de maceración: los enormes depósitos donde la hoja de coca es transformada en droga. En una caseta hecha de plásticos todavía están las herramientas y envases de los químicos que fueron utilizados para el procesamiento de las cosechas más recientes. Los residuos tóxicos que salen de este campamento llegan al río San Alejandro, que se convierte en el Sungaruyacu y alimenta al Pacuyacu. Es decir, desde aquí es contaminada el agua que utilizan los comuneros de Unipacuyacu para vivir, el agua que los está enfermando. Alcides y Anselmo dicen que esta es solo una de las bases del narcotráfico instaladas en la comunidad. No tienen claro cuántas más habrá, pero sí que los químicos casi han acabado con las palometas, sábalos o pacos, peces con que se alimentaban los cacataibos y shipibos del pueblo.

Cerca, casi en la frontera con Santa Martha, otra comunidad de indígenas cacataibos, hay una pista clandestina de donde despegan avionetas con droga hasta tres veces por semana. Así lo ha calculado Alcides desde sus chacras de yucas donde pasa todas las tardes. Él dice que no es la única pista, que por Sabalillo hay más.

Convoca.pe analizó información contenida en la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente y del área de Unipacuyacu en el Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Conforme a esto, 6.854 hectáreas de la comunidad fueron deforestadas entre el 2001 y el 2020. Del total de desbosque, los mayores índices están registrados a partir del 2010 (5.198), cuando el centro poblado y los caseríos ya estaban asentados. Además, este medio corroboró que hay focos de depredación forestal dentro de las 11.005 hectáreas que el municipio de Puerto Inca reconoció ilegalmente para Nueva Libertad. 

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Los cocales se extienden por sectores de la comunidad que están invadidos hace más de 10 años. Foto: Hugo Alejos

“La titulación es un procedimiento que resulta extremadamente oneroso y que demora años o décadas para una comunidad. Eso facilita que, en medio de la inseguridad jurídica de las comunidades, otros actores se vayan posicionando, devastando la Amazonía y propiciando el avance de economías ilegales”, explica para este reportaje la  responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez.  

Por la grave problemática en sus territorios, Unipacuyacu y Nueva Alianza, del distrito de Honoria, fueron las comunidades nativas de Huánuco incluidas en el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3) que ejecuta el Midagri con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El PTRT3 tiene como meta titular 403 comunidades nativas de 10 regiones del país divididas en cuatro lotes. Huánuco, Ucayali y Junín son parte del lote 2. Desde agosto del 2019, la empresa SIGT S.A. Ingenieros Consultores, en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), empezó a elaborar diagnósticos socioambientales de los pueblos indígenas considerados en el proyecto de titulación. 

La empresa corroboró, por ejemplo, que dentro de Unipacuyacu no se han otorgado títulos individuales para los colonos de Nueva Libertad y los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. En el curso del proyecto solicitó a los habitantes de estos sectores sus constancias de posesión, pero no las han entregado. Aidesep informó, a través de los encargados de la ejecución del diagnóstico, que los sectores creados sobre la comunidad nativa generaron los planos de sus áreas urbanas junto con propuestas de áreas rurales. Y que con estos bosquejos pretendían continuamente ser titulados. Una situación que colisionaba con el mismo intento de Unipacuyacu y, en consecuencia, paralizaba año a año los trámites de la comunidad para su formalización.

 

 

A fines de 2019, la lucha emprendida por Arbildo Meléndez, exjefe cacataibo de Unipacuyacu, permitió que una brigada de técnicos ingrese a la comunidad para realizar estudios de suelos como parte del proceso de titulación. En el recorrido por zonas invadidas, dos hombres amenazaron con disparar a la comitiva si no desistía de su labor. Los cacataibos cuentan que, a pesar de todo, la cuadrilla completó el trabajo de campo y Arbildo escapó con los técnicos por el bosque. “El expediente de titulación estaba casi listo, solo faltaba la nueva demarcación de la comunidad –relatan- Pero las amenazas contra Arbildo aumentaron”. 

Por esos días, el agente municipal de Nueva Libertad, Miguel Quispe García, envió una serie de documentos a la DRA de Huánuco, oficina a cargo de las titulaciones, para que los trámites con los que Unipacuyacu debía alcanzar su seguridad jurídica queden sin efecto. Entre los escritos, a los que Convoca.pe tuvo acceso, Quispe adjuntó un memorial donde pedía que el PTRT3 no realice trabajos en el área reconocida para Nueva Libertad, una lista de los 303 predios que conforman la parte urbana del centro poblado, un plano, y una resolución del 11 de febrero del 2019 en que fue reconocido como agente municipal por el actual alcalde de Puerto Inca, Hitler Rivera. 

 

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Los residuos tóxicos que salen de los laboratorios de droga instalados en la comunidad han contaminado el río Sungaruyacu. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

 

Aidesep informó para esta investigación que la DRA de Huánuco pidió que los documentos enviados por el dirigente de Nueva Libertad sean considerados en el diagnóstico y se tome en cuenta la oposición de los colonos a la titulación de Unipacuyacu. Los técnicos revelan que esto y la inseguridad en la zona para los trabajos de demarcación pendientes estancaron el proceso hasta que empezó la pandemia. Además, que un grupo de colonos llegó a amenazar a los ingenieros coordinadores en sus oficinas de trabajo. 

Arbildo Meléndez fue asesinado el 12 de abril del 2020. Se trató del cuarto crimen perpetrado contra un comunero de Unipacuyacu. En el 2010 mataron a Segundo Reátegui (junto con su hijo de 4 años); luego Manuel Tapullima, testigo del doble homicidio, apareció ahogado. El abuelo de Arbildo, Justo Gonzales, murió tras ser torturado en junio del 2016. En el caso Arbildo Meléndez, la justicia ordenó hace poco la captura de Redy Ibarra Córdova, asesino confeso del apu, quien en primera instancia fue puesto en libertad por falta de pruebas. Ahora está prófugo. El resto de casos quedaron estancados.

“Era gente que quería recuperar su territorio y tenía conflictos con los invasores. Todo sigue impune”, señalan los investigadores de las ONG que asesoran a Unipacuyacu.

 

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Esta es una de las pozas de maceración de droga situada entre el bosque depredado y los cocales. Foto: Hugo Alejos/Convoca.
 

El Instituto del Bien Común (IBC), asociación civil que trabaja con comunidades rurales para la gestión de sus recursos, tiene documentado que ocho de los 21 indígenas asesinados en la Amazonía peruana desde el 2010 eran de la etnia cacataibo. A cuatro de ellos los mataron solo entre abril del 2020 y octubre del 2021. El primer crimen en este último periodo fue contra Arbildo Meléndez. Las comunidades cacataibo son las más golpeadas por la violencia en la Amazonía del Perú; y eso tiene que ver, sobre todo, con el narcotráfico y la tala ilegal”, sostiene Álvaro Másquez, especialista del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En el mapa diseñado como parte del diagnóstico para la titulación de Unipacuyacu se ha estimado un área comunal de 20.280 hectáreas (2.666 hectáreas menos del ámbito que el pueblo pedía). Dentro del territorio quedó indicada la existencia de cuatro zonas de tráfico ilícito de drogas, tres pistas de aterrizaje clandestinas (una es la que está casi en el límite con Santa Martha), tres sectores de tala ilegal y dos de minería ilegal. Todo dentro del área de Unipacuyacu a la que los cacataibos y shipibos ya no pueden acceder por amenazas de muerte. El mapa también contempla al centro poblado Nueva Libertad y los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. 

La dirigencia comunal ha decidido no aceptar una propuesta de titulación con “invasores” dentro. Sin embargo, el director de la DRA de Huánuco, Roy Cruz, considera que, a estas alturas, el único camino es el diálogo entre indígenas y colonos para alcanzar un acuerdo. La otra opción, declaró Cruz para este reportaje, es el inicio de un proceso de judicialización que podría extenderse muchos años y derivar en un conflicto social. “Hay que entender que son personas acantonadas con sus viviendas hace 10 o 15 años –declaró-. Y que también tienen cultivos”. 

-Pero todos son cultivos de coca-, reniega un exlíder indígena antes de subir a su canoa. 

-No existimos para ningún gobierno-. 

Echa al río Sungaruyacu el agua empozada en el bote. Y se va.

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Fuente:  convoca.pe