Al cumplir 20 años de trabajo institucional, el Instituto del Bien Común (IBC) llevó a cabo la mesa redonda “El Estado de los Bienes Comunes en el Perú”, donde connotados especialistas en agua, bosques y recursos pesqueros coincidieron en señalar que a pesar de existir avances en el cuidado de los bienes comunes, las presiones a los que se los viene sometiendo comprometen su sostenibilidad y el bienestar de las poblaciones que dependen de ellos.
Los bosques siguen amenazados por la tala ilegal de madera, a pesar de haberse implementado herramientas legales de control y de coordinación, las cuales no dan abasto con el tráfico ilícito, a pesar de también contar con sanciones a quienes promuevan el aprovechamiento de madera con información falsa, señaló Alfredo Ferreyros, presidente del Consejo Directivo del IBC. “El Perú tiene que acreditar que lucha contra el comercio ilegal de madera, ya que el país es el responsable de la certificación de la madera en cuanto a exportación”, concluyó.
También sobre los bosques, Peter Cronkleton, científico senior del Centro para la Investigación Forestal Internacional–CIFOR, señaló que la experiencia del aprovechamiento de la castaña demuestra que es posible hacer un uso sostenible de los recursos del bosque. “Pero se requiere más apoyo del sector estatal y privado para la expansión del consumo de castañas mediante la sensibilización de los consumidores sobre sus beneficios para la salud”, indicó.
Respecto al estado del agua, María Teresa Oré, docente y miembro del Consejo Directivo en la Maestría de Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, advirtió que actualmente hay una crisis de gobernabilidad en la gestión del agua en el país, pues ha aumentado la demanda de este recurso, siendo que la oferta ha disminuido, principalmente por efecto de la contaminación y por factores globales, como el cambio climático. “La preocupación por la escasez del agua ha adquirido relevancia internacional debido a los efectos del cambio climático y a las consecuencias que la intensificación de las actividades productivas tiene sobre el recurso”, afirmó.
Por su parte, la vicepresidenta de Oceana en Perú, Patricia Majluf, hizo un recuento de la riqueza del mar peruano y se refirió a los impactos ecosistémicos y socioeconómicos que están generando las malas prácticas asociadas a la extracción de anchoveta como insumo de la harina de pescado. Además, advirtió que las herramientas de control no han sido actualizadas. Así, a diez años de la Ley 1084, que establece límites máximos de captura por embarcación, el pago por derechos de pesca que hacen las empresas harineras por extraer anchoveta se mantiene congelado, y ya no corresponde a la realidad económica del Perú.
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