Andes: comunidades, agua y minería

Uno de los ecosistemas más vulnerables al efecto del cambio climático, y que, no obstante, recibe muy poca o ninguna atención, es el ecosistema de las montañas, también conocido como cordilleras andinas. Dicen los científicos que, si la selva amazónica representa los pulmones del mundo, los Andes son sus venas. Y no es para menos: esta cordillera, que conecta a siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela), es el hogar de más de 87 millones de personas y contiene una variedad de ecosistemas excepcionales, entre los que destacan páramos, bosques nublados y humedales. Es importante subrayar que los biomas amazónico y andino están profundamente relacionados, pues en los Andes nace el agua que alimenta a la Amazonía.

A nivel planetario, de los ecosistemas de las montañas proviene la mayor parte de las cuencas hidrográficas que abastecen de agua dulce al 50% de la población mundial, según indican varios estudios. Es preciso tomar en cuenta que solo el 2,5% del agua existente en el planeta corresponde a agua dulce, y que de este porcentaje, aproximadamente el 70% se encuentra congelada en glaciares; de allí la importancia de conservar y proteger estos espacios que actúan como depósitos naturales y reservas de agua. Según señala el libro Perú, país de montaña: los desafíos frente al cambio climático 2014, “(…) el Perú, en teoría, es rico en agua, pues concentra el 71% de los glaciares tropicales del mundo, mientras que el 24% está en otros países de la comunidad andina y el 5% restante, en el resto del mundo”.

En Perú no es novedad escuchar sobre conflictos sociales y ambientales que están relacionados con la forma de funcionamiento no sostenible de las actividades productivas y con la manera en que se viene dando el uso de recursos naturales, especialmente el agua. Tales conflictos enfrentan con creciente intensidad y frecuencia a diversos actores, como el Estado, las empresas mineras y las comunidades campesinas y nativas, que tienen percepciones y valoraciones diferentes sobre este recurso.

La región andino-amazónica

La Amazonía es un ecosistema de gran valor debido a su gran riqueza cultural y natural. Esta singular región ha sido propiciada por el lento ascenso de las montañas de los Andes, según explica Isabel Sanmartín, investigadora del Real Jardín Botánico de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y especialista en biogeografía: «esta estrecha relación entre la historia geológica de la cordillera Andina y la formación de la cuenca amazónica implica que todo trabajo que pretenda entender el origen de la mega diversidad amazónica debe retroceder en el tiempo hacia los últimos 20 millones de años».

Ello demuestra que el ecosistema amazónico y el ecosistema andino están profundamente relacionados, y sus pobladores comparten la cosmovisión, el respeto por el territorio y sobre todo el agua, pues en los Andes nace el agua que da origen a los grandes ríos amazónicos. Asimismo, los tributarios de la región andina juegan un rol determinante en el ciclo del agua en la Amazonía, pues se encargan de colectar el agua proveniente de la atmósfera y distribuirla en la superficie de la cuenca, la cual retorna luego a la atmósfera por procesos de evaporación, continuando así el ciclo. Es decir, de forma natural existe una conexión muy cercana entre los Andes y la Amazonía, y el resultado de esta interacción: precipitación (Andes)-régimen hidrológico (sistema de drenaje)-evaporación (llanura amazónica) es conocido como ‘los ríos voladores de la Amazonía’.

En 1992, los meteorólogos de California acuñaron el término Aerial Rivers (Ríos Voladores) cuando describían los vientos concentrados que llevaban gran cantidad de vapor y generaban lluvia e inundaciones. En Amazonía estos flujos de agua se popularizaron en Brasil gracias al proyecto Ríos Voladores, creado por el aviador y ambientalista Gerard Moss, inspirado en las investigaciones de Marengo y Nobre quien voló miles de kilómetros siguiendo las corrientes aéreas, tomando muestras del vapor de agua.

Durante las últimas décadas, con el avance de las investigaciones científicas sobre las interacciones entre la biosfera y la atmósfera en la Amazonía, se han consolidado los conocimientos sobre el papel de sus ecosistemas en el equilibrio climático regional, así como la disponibilidad de agua para el consumo y la producción agrícola. Hoy sabemos que la seguridad y el bienestar de las poblaciones que viven en esta y otras regiones vecinas dependen de ese equilibrio. Ya sea a través de la producción de alimentos, de la energía o de la mitigación del cambio climático, la Amazonía garantiza el agua para las ciudades, la agricultura y las más diversas formas de vida en este bioma.

La conectividad entre los ecosistemas andino y amazónico no solo permite comprender la importancia del sistema hidrológico, sino también su alta vulnerabilidad. Este delicado equilibrio peligra por efecto de las presiones humanas que causan contaminación y deforestación, como las actividades extractivas y las prácticas agrícolas intensivas, entre otras.

Perú: potencia hídrica

Es poco conocido que el Perú es una potencia hídrica en el mundo, ocupando el octavo lugar (con el 1.89% de agua dulce), después de Estados Unidos, Rusia, China, Brasil y la India. Como ya se dijo líneas arriba, los Andes peruanos contienen el 71% de los glaciares tropicales, los cuales están distribuidos en 18 cordilleras nevadas divididas en tres sectores: norte, centro y sur. Así, el Perú tiene un gran potencial hídrico en sus cuencas hidrográficas, representado por más de un millar de ríos, 8,355 lagunas, además de 2,679 glaciares, con una superficie de 1’298,59 km², y numerosos acuíferos. Este vasto conjunto de cuencas y glaciares constituye una reserva hídrica invaluable para la población peruana.

Las cifras que acabamos de mencionar harían pensar, a simple vista, que las necesidades de la población nacional están ampliamente cubiertas. Sin embargo, un poco de análisis permite colocar los datos en su justa dimensión. Jorge Álvarez, especialista ambiental del PNUD, señala que es preciso diferenciar, en primer lugar, lo que es agua existente de lo que es agua disponible: un alto porcentaje de esta agua está congelada y almacenada en glaciares. 

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que la distribución geográfica del agua no corresponde con la demografía del país, ya que la mayor cantidad de la población (70%) está en la costa, en tanto que la mayor cantidad de agua (98,3%) se encuentra en la selva. Una tercera consideración se refiere a las variaciones propias del ciclo hídrico: “Nuestro ciclo hídrico no es homogéneo durante todo el año, pero nuestras necesidades, sí. Por ejemplo, en época de lluvias hay tanta agua que la mayor cantidad llega al mar, sin que hayamos podido aprovecharla”, indica Álvarez.

Un hecho que es motivo de alarma y que impacta dramáticamente sobre las reservas de agua es el fenómeno del retroceso de los glaciares por efecto del cambio climático. La tercera colección de Mapbiomas Amazonía, que emplea mapas satelitales para analizar y monitorear los cambios de uso del suelo, señala una pérdida constante de glaciares en la cuenca amazónica peruana; sus análisis reportan la desaparición de 73,6 mil hectáreas durante los últimos 36 años (1985-2020).

La magnitud de este fenómeno es confirmada por el último informe de la ANA (2020): debido a los efectos del cambio climático, el Perú perdió el 51% de su superficie glaciar en los últimos 50 años, lo cual ha generado una notoria disminución de la masa glaciar y formación de nuevas lagunas. Este mismo informe reporta, en Áncash, un retroceso anual de 19 metros de la cordillera Blanca y del glaciar Pastoruri, totalizando un repliegue de un poco más de 650 metros entre 1980 y 2019. Lo propio sucede en la cordillera Central, donde, por ejemplo, el glaciar Chuecón (Huarochirí) ha retrocedido 216 metros entre 2014 y 2016, creándose en el proceso una nueva laguna que, al mantener contacto con el glaciar, acelera su derretimiento.

Frente a la vulnerabilidad de este ecosistema y la poca disponibilidad de agua dulce en la vertiente del Pacífico, y ante futuros escenarios de escasez, se han desarrollado algunos mecanismos, como la creación de áreas protegidas, para proteger zonas de captación, almacenamiento, regulación y recarga hídrica ubicadas en cabeceras de cuenca. Podemos mencionar el caso del Parque Nacional Huascarán, en Áncash, que resguarda dos glaciares muy representativos: el Huascarán (el más alto del país) y el Alpamayo, reconocido por su belleza. Además, esta área protegida se distingue por sus lagunas altoandinas, su belleza paisajística, gran variedad de flora y fauna, y por su riqueza cultural. Otra área orientada a la protección de zonas de captación es el Área de Conservación Regional Ausangate, en Cusco, que cubre un territorio de más de 60 mil hectáreas, albergando montañas, lagunas y glaciares, entre los que destacan la laguna de Sibinacocha y el nevado Quelccaya, considerado el glaciar tropical más extenso del mundo por sus 44 km².

Minería en cabeceras

En el Perú, el calentamiento global no es el único factor que ha contribuido a la desglaciación; es preciso tomar también en cuenta el impacto de las actividades mineras desarrolladas en ecosistemas frágiles y vulnerables como son las cabeceras de cuenca. La minería ilegal es omnipresente en los Andes, y ha llegado a desarrollarse incluso dentro de áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Huascarán, causando serios impactos en el área . La tercera colección de la plataforma Mapbiomas Amazonía reporta para el periodo 1985–2020 un aumento del 583% en la extensión de los suelos destinados a la minería en la cuenca amazónica peruana, dándose en estos 36 años un cambio del uso del suelo atribuible a esta actividad del orden de las 62,4 mil hectáreas. La misma fuente reporta que esta expansión está presente en diferentes regiones de la cuenca amazónica peruana. En la región Junín, durante la última década (2010–2020) se ha dado un considerable aumento (240%) en el área destinada a actividades mineras. Esta expansión ha significado también el avance sobre áreas de cabeceras de cuenca, destacando el caso de la cordillera Central, que comprende 174 glaciares. En torno de estas áreas de cabeceras habitan poblaciones indígenas quechuas asentadas como comunidades campesinas. La comunidad campesina es una de las figuras legales empleadas para referirse a pueblos indígenas u originarios del Perú.

En la década de los noventa se implementó la política de promoción de la actividad minera a gran escala, como una “prioridad nacional”. Desde entonces, hemos sido testigos del crecimiento sostenido del sector minero y su expansión por todo el territorio nacional. Como corolario de este fenómeno, se observa un aumento en la frecuencia y visibilidad de los conflictos vinculados a temas socioambientales: acceso a fuentes de agua y contaminación por químicos y desechos mineros, derechos de las comunidades campesinas propietarias de las superficies territoriales (pero no del subsuelo), demandas por participación y beneficios económicos, entre otros.

Así, se han intensificado en el país conflictos en torno al uso y acceso al agua, recurso que sigue generando una competencia en condiciones de profunda desigualdad entre las distintas necesidades e intereses. Para las comunidades campesinas, la falta de agua no es cosa del futuro, sino una dura realidad del presente; en tanto que para la minería se trata de un recurso imprescindible para el procesamiento del mineral.

Según la RAISG (2020), del total de concesiones mineras existentes en el Perú, 22,934 zonas o concesiones se encuentran en la cuenca amazónica peruana, es decir casi el 9% de su superficie, ubicadas mayoritariamente en las cabeceras. La mayor proporción (13,060) corresponde a zonas concesionadas que aún no han iniciado actividades, al menos no oficialmente (categorizada por Ingemmet como ‘Concesión sin actividad’).

El nevado La Viuda, que forma parte de la cordillera del mismo nombre, en el límite de los departamentos de Lima y Junín, se encuentra totalmente concesionado para actividad minera. Lo mismo sucede con la Cordillera Raura —ubicada en la zona limítrofe de los departamentos de Huánuco, Pasco y Lima—, que presenta concesiones mineras sobre más del 60% de su superficie. En ambos casos, las concesiones se superponen a territorios comunales asentados en las faldas de las cordilleras.

Los mayores depósitos de minerales en el Perú suelen encontrarse por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, altitud a la que se ubican mayormente las cabeceras de cuenca, consideradas intangibles, según explicaba en enero de 2018 el presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Óscar Bernuy. Según el funcionario, en ese rango de altitud se ubican el 80% de las minas que están en producción, el 81% de la cartera de proyectos mineros, así como el 74% del potencial minero que tiene el Perú, por lo que dio a entender que tal intangibilidad va a afectar a la actividad minera.

Estos datos revelan que gran parte de la riqueza mineral del Perú se encuentra en las partes altas de la cordillera, en zonas que son ambientalmente vulnerables y que requieren protección. En este contexto, tiene sentido que la evaluación de los potenciales impactos sociales y ambientales sea un requisito indispensable para otorgar una concesión. Ello no significa que la minería no se puede ejercer, sino que se la debe desarrollar sin dañar el medio ambiente y sin vulnerar los derechos de otros, como las comunidades que habitan estas zonas andinas. 

En esta línea, Axel Dourojeanni, experto en materia de medio ambiente y recursos naturales, y consultor de organismos internacionales, señala: “hay zonas donde no debe haber minería, y punto, lo cual no significa [decir] no a la minería a rajatabla y sin pensar en ninguna alternativa”. Añade: “Indudablemente que uno debería tener un estudio, por cuenca, lo suficientemente detallado, para ver dónde están las partes sensibles. Y aunque haya oro abajo, o todos los minerales del mundo, no se debería explotar. Debemos ver dónde se podría explotar sin poner en riesgo nuestra capacidad de captar agua de las cuencas”. Dourojeanni precisa que la minería en glaciares es un tema sumamente delicado. “El glaciar es una reserva de agua natural que nos salva de momentos de mayor escasez”.

Comunidades en las cabeceras

A la preocupación global y nacional por la pérdida progresiva de nuestras grandes reservas de agua debido al retroceso silencioso de los glaciares, se contrapone la preocupación de los pobladores locales —comunidades campesinas asentadas en las faldas de estos glaciares, o en la ribera de los ríos que nacen de la deglaciación, quienes observan cambios en estos espacios geográficos que revisten significativo valor cultural, transformaciones que también tienen un impacto económico relacionado a la pérdida del valor paisajístico y al potencial turístico.

No solo los glaciares y la variedad de ecosistemas y recursos naturales caracterizan a las zonas andinas, sino también la presencia de numerosas comunidades indígenas. Estas han sido invisibilizadas, tanto en relación con su número, como en cuanto a su calidad de actores, dentro de la agenda de desarrollo del país. Si a alguien se debe involucrar en las decisiones sobre acciones que afectan a las cabeceras de cuenca, es a las comunidades indígenas u originarias, según lo establece la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 64: “El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas (…). Así como, de ejercer este derecho de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad”.

Para muchas comunidades, sobre todo campesinas, estos espacios geográficos, y en particular sus glaciares, constituyen un importante referente cultural. Citando a José Joaquín, comunero de la comunidad campesina de Huachón (Pasco):

“(…) hasta hoy el glaciar Huaguruncho es considerado para nosotros en el mundo andino un Dios (Apu) con bastante bondad mitológica y uno puede venir a pedir o sea… hacerle su pagapu. El pagapu consiste en darle unas ofrendas como agradecimiento por las bondades, por los dones que ella, que el Apu nos da”.

Lamentablemente, la invisibilidad de estas poblaciones es consistente con la percepción del Estado, una invisibilidad que se extiendo sobre lo social, económico, político, y a nivel de información oficial. Este es el punto ciego que, contra viento y marea, ha persistido en la mirada de los sucesivos gobiernos de las últimas tres décadas, y que se suele atribuir a la ignorancia propia de la población urbana y a la falta de información oficial. Pero, hoy en día, luego de intensas campañas de la sociedad civil orientadas a poner a las comunidades, literalmente, sobre el mapa, brindando abundante información acerca de su importancia en la historia, geografía, economía y cultura del Perú, es imposible continuar atribuyendo a estos factores la invisibilidad de las comunidades. Lo más probable es que si no las vemos es porque simplemente no queremos verlas. Sin temor a equivocarnos, podemos conjeturar que el relegamiento de las comunidades respecto de las prioridades nacionales y las políticas públicas está relacionado con un conjunto de prejuicios culturales y raciales, muy difíciles de erradicar.

Las tierras de manejo colectivo de las comunidades campesinas no son pocas, tal como lo muestra el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM), iniciativa de la sociedad civil que mantiene un registro actualizado de comunidades campesinas a nivel nacional, incluyendo también a las comunidades ribereñas, asentadas a la vera de los ríos amazónicos. Según esta fuente, a diciembre del 2020 el 20% del territorio nacional (25 millones de hectáreas) es de propiedad y posesión de las comunidades campesinas, entre comunidades originarias de la sierra y costa y comunidades ribereñas de la Amazonía. La mayor concentración de ellas se encuentra en la sierra (90% del total de comunidades campesinas reconocidas).

El retroceso de los glaciares ubicados en las cabeceras de cuencas altoandinas peruanas, atribuible tanto al cambio climático como a la presión ejercida por actividades humanas, tales como la minería, viene ocasionado alteraciones en los ecosistemas andinos. Históricamente, en este ámbito la relación entre minera y comunidad no ha sido sencilla, pues ha estado plagado de conflictos. Lagunas contaminadas, pérdida de manantiales, abandono de relaves, deforestación, tráfico de tierras, entre otros males, han hecho que la minería represente un alto riesgo ambiental, y ello ha generado un temor real entre las poblaciones humanas, en especial aquellas que viven en las faldas de los nevados o en la ribera de los ríos que nacen por la deglaciación.

Reflexiones finales

– Es sabido que los glaciares de las montañas se están reduciendo a causa del calentamiento global y la presión humana, por eso cada 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. Esta fecha nos recuerda la importancia de estos ecosistemas como proveedores de valiosos y numerosos recursos y servicios, como hogar de comunidades indígenas que poseen y mantienen valiosos conocimientos, tradiciones e idiomas. Nos recuerda, sobre todo, que albergan a los glaciares, importantes espacios de reservas de agua que actúan como depósitos naturales. Y la fecha nos recuerda también las brechas que existen para su protección y conservación.

– La relación Andes-Amazonía es evidente, y su conocimiento es imprescindible para la conservación de estos ecosistemas. Puesto que esta relación se ha visto afectada gravemente por el cambio climático y el avance sin control de la presión humana, a través de actividades legales e ilegales, se hace necesario proyectar una mirada integral sobre el territorio de la cuenca, que vaya más allá de acciones específicas sobre el recurso agua, y más allá de un enfoque que se concentre solo en una parte de la cuenca, como la cabecera. La gestión integral supone percibir a la cuenca como un sistema complejo, definido y delimitado naturalmente, superando muchas veces los límites político-administrativos, integrando lo territorial, económico, ambiental, social y cultural como un todo. Ello implica comprender que las acciones humanas en la parte alta afectan de manera determinante la parte media y baja, a fin de usar de manera sostenible los recursos naturales y asegurar la sostenibilidad ambiental. Así mismo, debemos superar la mirada fragmentada y la escasa articulación entre lo local, regional y nacional. Hoy en día, carecemos de una institución del Estado que vea el tema cuenca en su integridad; y si bien la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es responsable de la gestión del agua, su competencia no comprende la gestión integral del territorio de una cuenca.

– Lamentablemente, las consecuencias de una minería tal como la que se ha venido desarrollando han hecho que esta actividad represente un alto riesgo ambiental, y ello ha generado un temor real que dificulta la relación entre el Estado, el sector minero y las comunidades indígenas. No se trata de oponerse por que sí al crecimiento económico a través de la minería u otras actividades extractivas, sino de buscar una visión diferente de desarrollo desde el gobierno, teniendo el diálogo como instrumento privilegiado para restablecer una relación de confianza, transparencia y sinceridad entre comunidades y empresas, con un Estado totalmente imparcial. Este enfoque plantearía un claro avance respecto de la actual situación, donde las comunidades con frecuencia no se sienten representadas por un gobierno que aplica políticas públicas en contra del cuidado, protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Además, ello ayudaría a superar la actual situación caracterizada por posiciones simplistas y bipolares que reducen las opciones de la minería a un “sí va” o un “no va”.

– Potenciar y visibilizar el papel de las comunidades indígenas y considerarlas como un actor “clave” dentro de la agenda de desarrollo del país y socios estratégicos para combatir el cambio climático, asegurar la estabilidad del ciclo del agua, lograr sistemas alimentarios sostenibles, la conservación y resiliencia de la biodiversidad y brindar servicios ecosistémicos. 

* Especialista en Sistemas de Información Geográfica del Instituto del Bien Común y coordinador del Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú-SICCAM.

Foto abridora: Martín López