Dirigentes indígenas y autoridades del gobierno central y gobiernos regionales evalúan impactos negativos de Ley 30230

– Dirigentes y representantes de comunidades nativas y campesinas, y
funcionarios del Gobierno Central y los gobiernos regionales
participaron del Foro Público Nacional “Los cambios que vienen para
el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?”

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la
Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma
Gobernanza Responsable de la Tierra organizaron el Foro Público
Nacional “Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y
titulación para quién?”.

Ello a raíz de la promulgación en julio de este año de la Ley No.
30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca
promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es
muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de
una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la
paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.

Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante
“procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de
inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus
actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus
propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos
especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales,
ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de
posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Al respecto, durante la primera parte de este foro, presentado por
Richard Smith (IBC- Territorios Seguros) y Álvaro Campana (Plataforma
OT), los expertos Marco Huaco, Cinthia Mongylardi, Juan Carlos Ruiz y
Pedro Yalico disertaron sobre los impactos del Título III de la Ley
30230 sobre la seguridad territorial de las comunidades nativas y
campesinas.

En otro momento, Daniel Sánchez, representante de la Defensoría del
Pueblo, manifestó que existen varios puntos de debate en esta ley; por
ejemplo, el hecho de que las normas relacionadas con la titulación son
muy dispersas y, en la práctica, generan un sinfín de trámites.
“Además, la superposición existente genera paralización del proceso
de titulación, como fue el caso de Edwin Chota, quien a pesar de tocar
infinidad de puertas para conseguir la titulación de su comunidad,
perdió la vida sin lograrlo”, sostuvo.

De otro lado, Anahí Durand, representante del viceministerio de
Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, indicó que su despacho ha
remitido una propuesta de reglamentación de la ley para que el título
III se excluya o no sea aplicable a las comunidades nativas y
campesinas.

Al respecto, José Luis Pairazamán, representante del Ministerio de
Vivienda, sostuvo la validez de la ley, argumentando que el reglamento
de la misma no afecta a las comunidades nativas y campesinas. “Es
más, ahora pueden defenderse con esta ley en caso de que invasores
ingresen a sus comunidades”, aseveró. Agregó que si se hubiera
querido incluir a las comunidades, se habría tenido que pasar por un
proceso de consulta previa. Sin embargo, los especialistas de esta
primera mesa señalaron que no es suficiente que esto esté considerado
en el reglamento, sino que tendría que estar resaltado en el texto de
la ley.
Ordenamiento territorial

Las disertaciones del segundo bloque giraron en torno al tema del
ordenamiento territorial en las regiones del país, desde distintas
perspectivas: En ese sentido, Verónica Mendoza, congresista de la
República, expresó sus dudas acerca del objetivo declarado de la Ley
30230: “no existe una intención de reactivar la economía, porque [la
Ley] ha llegado un año después de que la economía necesitara
reactivarse y, además, la medida no está teniendo los efectos
esperados. Además, en la norma no se sustenta cómo estas
modificaciones de ordenamiento van a reactivar la economía. El
ordenamiento territorial no busca paralizar la inversión sino eso:
ordenar”, indicó.

Asimismo, Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales, indicó que la ley 30230 es solo un síntoma de que el
gobierno nos está pasando de contrabando medidas dirigidas a fortalecer
a los sectores aludidos. “La 30230 colisiona con los artículos 192 y
195 de la Constitución que establecen parte de las competencias de
gobiernos regionales y locales. Es obvio y evidente que colisiona con la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de las
Municipalidades. La mirada del gobierno es que el mercado es el que va a
producir ese ordenamiento territorial. Podemos imaginarnos un proceso
en que el Ministerio de Agricultura decide que esta es una zona de uso
agrícola, y el Ministerio de Energía y Minas establece que es una zona
de explotación minera, y el Ministerio de Cultura determinará que
ahí hay restos arqueológicos. No hay ninguna racionalidad del Estado.
Ésta es sacrificada a nombre del mercado”, argumentó.

De otro lado, Javier Jahncke, representante de la Red Muqui, señaló
que lo que se plantea es que no exista ordenamiento territorial y que
quien defina el uso de los suelos sigan siendo los sectores
correspondientes a los grandes propietarios e inversiones. “A
consecuencia de ello tenemos un país con concesiones que crecen
aceleradamente y sin mecanismos adecuados ni participación de la
ciudadanía. Por ello es importante fortalecer las competencias de los
gobiernos regionales y sus procesos de planificación, que asuman la
responsabilidad que les compete”.

Finalmente, Laureano del Castillo, destacó que los participantes de
este foro anotaron que no se puede afectar los derechos fundamentales de
las comunidades campesinas e indígenas, el derecho de propiedad, al
desarrollo propio y que la Ley 30230 altera la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales. “Hubo una coincidencia de los participantes y
las instituciones que representan para presentar una propuesta que
plantee excluir de los alcances de esta ley a las comunidades campesinas
y nativas”, recordó. “Se está desnaturalizando la utilidad del
ordenamiento territorial: ahora más bien es un proceso político,
dejando que sea el mercado, a través de las grandes inversiones, el
gran coordinador del territorio nacional. De ahí la importancia de
impulsar el ordenamiento y la descentralización, dos procesos que van
de la mano”, sostuvo. Finalmente, saludó el interés de los
participantes y asistentes, entre quienes se encontraron los
representantes de las comunidades así como dirigentes y funcionarios
regionales.

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