- Más de 270 comunidades enfrentan violencia, invasiones y desplazamientos por la expansión del narcotráfico, revela un informe que detalla rutas e impactos en territorios indígenas.
- Ucayali concentra cultivos ilegales y pistas clandestinas, impactando a pueblos indígenas que enfrentan riesgos por el control de las rutas del narcotráfico.
Este miércoles 28 de mayo se presentará en Lima un informe que detalla el impacto del narcotráfico en los territorios indígenas de la Amazonía peruana, revelando cómo más de 270 comunidades nativas se encuentran directamente afectadas por la invasión de sus territorios, deforestación y la producción comercialización y transporte de cocaína.
Según el documento titulado Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas, elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch, estas comunidades enfrentan invasiones, desplazamientos forzados y una creciente violencia debido a la expansión del narcotráfico en sus territorios.
De acuerdo con el informe, la región de Ucayali es la más afectada, concentrando el mayor crecimiento de cultivos ilegales de coca y más de 85 pistas de aterrizaje clandestinas. Comunidades indígenas como las kakataibo y asháninka se encuentran en rutas estratégicas utilizadas por el narcotráfico, lo que las expone a graves riesgos. Además, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los de las reservas Kakataibo Norte y Sur, enfrentan impactos directos debido a la presencia de cultivos ilícitos y pistas clandestinas en sus territorios.
Amazonía peruana, ruta clave del narcotráfico
El documento identifica cuatro rutas principales del narcotráfico en la Amazonía peruana. La primera se dirige hacia el norte, conectando regiones de Amazonas e impactando a comunidades Awajún, hacia Ecuador, una segunda ruta hacia Colombia en esta ruta, comunidades como las Ticunas y Yaguas, ubicadas en el Bajo Amazonas, han sido gravemente impactadas, con extensas áreas de cultivo de coca. La tercera ruta, en el centro, atraviesa Ucayali, una región estratégica por su ubicación y baja densidad poblacional, facilitando el tránsito de drogas hacia mercados internacionales. Finalmente, la ruta sur conecta el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con Brasil y Bolivia, utilizando tanto vías aéreas como terrestres, y afectando comunidades en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios.
El informe cuestiona las políticas antidrogas implementadas por el Estado peruano, señalando que han sido contraproducentes. Según el documento, entre 2014 y 2019, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) promovió la titulación individual de predios en el bosque amazónico, lo que facilitó la invasión de territorios colectivos indígenas por parte de migrantes vinculados hoy al cultivo de coca. Además, los programas de erradicación de cultivos ilícitos han empujado la frontera cocalera hacia zonas más remotas de la Amazonía, exacerbando el problema.
Narcotráfico amenaza comunidades indígenas de la Amazonía peruana
Luis Hallazi, investigador y especialista legal del Instituto del Bien Común, destacó las múltiples consecuencias del narcotráfico en la región. «El impacto del narcotráfico para los pueblos indígenas Amazónicos se refleja en la invasión de su territorio, la degradación ambiental a través de la deforestación y contaminación de ríos para la siembra de coca y producción de cocaína con la consecuente violencia contra la población y la inseguridad permanente que sufren las comunidades indígenas. La presencia de organizaciones criminales ha llevado a una constante violación de los derechos humanos y la amazonización del narcotráfico», afirmó.
Por su parte, Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), subrayó la falta de protección legal para las comunidades indígenas. «Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de reconocimiento y protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. A pesar de la existencia de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional no ha armonizado adecuadamente estos derechos, dejando a las comunidades en una situación de desprotección», señaló.
Políticas antidrogas en Perú agravaron conflicto ambiental e indígena
El informe también alerta sobre las posibles consecuencias de no abordar esta problemática de manera efectiva. Según el documento, la consolidación de las rutas del narcotráfico podría desencadenar nuevos episodios de violencia letal contra defensores indígenas, quienes ya han sufrido más de 27 asesinatos en tan solo cinco años, la mayoria de casos vinculados al narcotráfico. Además, se prevé un aumento en el desplazamiento forzado y la deforestación descontrolada en la región.
Miguel Guimaraes, líder shipibo y vicepresidente de AIDESEP, hizo un llamado a la acción tanto a nivel nacional como internacional. «El informe debe servirnos como alerta y hoja de ruta, tanto al movimiento indígena como a todos nuestros aliados. Pero, sobre todo, esperamos que los estados amazónicos asuman decisiones radicales para contener este drama ambiental y de derechos humanos, y confiamos en que la comunidad internacional en su conjunto, y en particular los países de destino, donde se consume la cocaína, asuman un papel más decisivo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas que estamos poniendo nuestras vidas en riesgo», expresó.
Líderes indígenas piden acción urgente contra el narcotráfico en Perú
El tráfico de tierras y la ausencia de títulos colectivos son otros factores que, según el informe, han facilitado la expansión del narcotráfico en territorios indígenas. Estas dinámicas han permitido que organizaciones criminales se apoderen de tierras legalmente desprotegidas, agravando la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas. La presentación del informe busca no solo visibilizar la problemática, sino también proponer soluciones desde el movimiento indígena. Entre las recomendaciones se incluye la necesidad de fortalecer los derechos territoriales de las comunidades, implementar políticas públicas interculturales efectivas, garantizando la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones relacionadas con sus territorios.
Este documento, elaborado por AIDESEP, ORAU, el Instituto del Bien Común y Amazon Watch, representa un esfuerzo conjunto por abordar una problemática que afecta tanto a las comunidades indígenas como al ecosistema amazónico. La presentación del informe en Lima será una oportunidad para discutir estos hallazgos y buscar soluciones que permitan proteger a las comunidades y preservar la Amazonía frente a la amenaza del narcotráfico.
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