La titulación de tierras es aún la gran deuda del Perú con las comunidades indígenas

La falta de formalización de la propiedad de los territorios de los
pueblos indígenas sigue siendo uno de los mayores problemas que
enfrentan estos pueblos, señala el informe alternativo “Pueblos
Indígenas del Perú: Balance 2014 sobre el Cumplimiento del Convenio
169 de la OIT”, el cual pone de manifiesto el pobre cumplimiento de
dicho convenio desde que Perú lo ratificara en 1994.

Los resultados del informe fueron presentados a las autoridades
nacionales el miércoles 25 de marzo por el Pacto de Unidad de
Organizaciones Indígenas del Perú y la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el apoyo del Grupo de
Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos.

La situación de la consulta previa, la criminalización de la protesta y
el derecho al territorio fueron temas que deberían suscitar la
preocupación de los peruanos, según manifiesta el informe, y fueron
motivo de debate entre los participantes, entre los que se contaron
funcionarios del MINAM, SERNANP, MINAGRI, MINEM, OEFA, Defensoría del
Pueblo y el Poder Judicial- representantes del Pacto de Unidad y
organizaciones de la sociedad civil.

Respecto de la titulación de comunidades, el informe destaca que la
formalización y titulación de territorios es una gran deuda pendiente
del Estado para con los pueblos originarios del Perú, pues aún están
pendientes de titulación 666 comunidades nativas y 3.303 comunidades
campesinas, según datos del Instituto del Bien Común (IBC). Se observa
que el proceso de titulación ha sufrido una notoria desaceleración en
los últimos 20 años. Así, desde 2007 solo se han titulado
aproximadamente 50 comunidades, frente a los 116 títulos otorgados en
1991. Esto se atribuye principalmente a la carencia de una política
pública adecuada para el reconocimiento y titulación de las
comunidades. Por otra parte, los procesos de titulación se dificultan
al suponer altos costos a las comunidades, pues no son financiados por
el Estado.

Superar esta situación requerirá, según señala la Defensoría del
Pueblo en el Informe, de una normativa integrada y actualizada en
materia de reconocimiento y titulación, una rectoría que garantice el
reconocimiento y titulación de comunidades y la disponibilidad de
información centralizada sobre el número de comunidades campesinas y
nativas, entre otros. Al respecto, señaló Gladys Vila, presidenta de
ONAMIAP, que completar la base de datos de pueblos indígenas del país
es un tema pendiente del Estado.

Es preciso que la titulación de las comunidades campesinas y nativas
reciba un tratamiento de política pública por parte de las autoridades
competentes (Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI y gobiernos
regionales), según señala Luis Hallazi, responsable de incidencia
legal del IBC. Un reto importante es que el MINAGRI haga valer su
condición de ente rector en esta materia, dictando lineamientos para
estandarizar criterios de titulación. Actualmente, MINAGRI está
impulsando un nuevo programa de titulación de tierras rurales con el
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, la
meta de titulación fijada es demasiado baja para dar solución al
elevado número de titulaciones pendientes en todo el territorio
nacional.

En cuanto al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el Informe
señala que el Estado peruano no ha garantizado el reconocimiento de los
derechos a la propiedad y posesión sobre las tierras que los pueblos
indígenas ocupan tradicionalmente. No obstante, las acciones del Estado
peruano parecen ir en una dirección totalmente opuesta, con la
aprobación de normas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM
y el proyecto de Ley 3941-2014-PE, que ponen en riesgo la integridad de
los territorios indígenas y vulneran sus derechos territoriales al
flexibilizar y simplificar procedimientos para entregar tierras a favor
de proyectos de inversión.

En la actualidad, el 21%del territorio nacional está cubierto por
concesiones mineras y hay concesiones extractivas sobre el 75% de la
Amazonía peruana. Esta presión de las actividades extractivas sumada
al desorden territorial existente agudiza los conflictos territoriales y
ambientales. Así, en la actualidad existen 211 conflictos sociales en
el Perú, según la Defensoría del Pueblo. Al respecto, Luis Hallazi,
especialista del IBC señaló que “La promoción de megaproyectos se
hace de manera, desordenada y sin criterios ambientales y de
territorialidad, política errada que genera múltiples superposiciones
de derechos donde los más afectados son los territorios indígenas”.

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