Titulación: La gran deuda del Estado frente a las comunidades

Fuente: Servindi

– Panel sobre Inversiones y Seguridad Territorial sustentó la enorme deuda histórica del Estado peruano en el marco del evento alternativo “Desmintiendo el milagro peruano” que se realiza en el Hotel Bolívar.

Servindi, 8 de octubre, 2015.- El Estado peruano debe abandonar la política de invisibilidad de las comunidades y atender la titulación comunal, una de las más grandes deudas del Estado peruano, sostuvo Richard Smith, director del Instituto del Bien Común (IBC) y miembro de la Campaña Territorios Seguros.

“Hoy, 90 años después del reconocimiento de la Comunidad Indígena por la Constitución: no hay cifras oficiales de comunidades, no hay un catastro o mapa oficial de comunidades y no hay una agencia estatal con responsabilidad de sistematizar y actualizar los datos que existen” indicó Smith.

Así lo afirmó en el panel Inversiones y Seguridad Territorial de los Pueblos Indígenas del Perú que se desarrolló la mañana del jueves 8 de octubre en el marco del evento organizado por la Plataforma Alternativa frente al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional “Desmintiendo el milagro peruano”.

Falta de voluntad política

Smith sostuvo que existe una falta de voluntad política del Estado peruano para asegurar los territorios comunales. Mientras que el Ministerio de Energía y Minas tiene un sistema de información sobre las 55,000 concesiones mineras el Estado carece de un sistema de información de comunidades, tarea que debe estar en manos de un ente rector de saneamiento de la propiedad agraria y rural.

Según cifras del IBC y de la Campaña Territorios Seguros, en 2015, existen 3,303 comunidades campesinas sin títulos y en el área amazónica 666 comunidades nativas pendientes de titular. También existen 918 comunidades ribereñas pendientes de reconocimiento y titulación.

Smith identificó algunas oportunidades en las que se puede incidir a favor de la titulación comunal como el Proyecto PTRT3 a cargo del MINAGRI-BID; los Proyectos FIP de Titulación a cargo del MINAM-Banco Mundial-BID); el Proyecto de Titulación de Comunidades a cargo de MINAGRI-GIZ y el Fondo Noruego para conservación de bosques a cargo del MINAM y el Min. Cambio Climático de Noruega.

La política del perro del hortelano

Pedro Castillo Castañeda, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), describió la continuidd de la política del perro del hortelano iniciada por el primer gobierno de Alan García (1985 – 90) y que ha proseguido hasta la actualidad por Alberto Fujimori (1990 – 2001), Alejandro Toledo (2001 – 2006), Alan García (2006 – 2011) y Ollanta Humala (2011 – 2016) hasta hoy.

Una de las características es que al Estado no le gusta dialogar. Por esta razón, las normas que afectan la seguridad jurídica de los territorios indígenas fueron aprobadas unilateralmente y nunca fueron sometidas a procesos de diálogo.

Su intención fue asegurar mejores condiciones a la gran inversión privada sin tomar en consideración los intereses de las comunidades.

La seguridad jurídica ha sido afectada al por los denominados “paquetazos” que con un conjunto de normas de diferente nivel jerárquico legal que empleo conceptos jurídicos indeterminados que busca principalmente promover las inversiones y eliminar la “tramitología”.

En esencia busca remover los obstáculos a la gran inversión como el derecho a la consulta previa y debilitar los derechos sobre la tierra y el territorio de millones de peruanos y peruanas que viven organizados en comunidades.

Esfuerzos del BM para titular comunidades han tenido poco éxito

Martín Scurrah sostuvo que la competencia por la tierra y los recursos naturales por las megainversiones apoyadas por el Estado convierte una situación de vulnerabilidad en una amenaza abierta debido a la superposición espacial de concesiones hidrocarburíferas sobre las comunidades nativas.

Actualmente el 21 por ciento del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras y hay concesiones extractivas sobre el 75 por ciento de la Amazonía peruana. “Esta presión de las actividades extractivas, sumada al desorden territorial existente, agudiza los conflictos territoriales y ambientales” detalló Scurrah.

Las intervenciones de inversiones a gran escala no van acompañadas por acciones del Estado en defensa y protección de los actores más vulnerables, como los pueblos indígenas. Peor aún, se aprueban con frecuencia nuevas normas y políticas públicas que los hacen más vulnerables.

Por tal razón no es suficiente depender de las políticas de responsabilidad social corporativa o de los estándares de auto-regulación por instituciones como el Consejo Internacional de Minería y Metales, debido a su limitada cobertura, su naturaleza voluntaria y la falta de sanciones eficaces.

Recordó que los esfuerzos del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional para titular tierras y territorios indígenas “han tenido limitado éxito por sus altos costos y la priorización de la titulación individual, aspectos que las instituciones internacionales no han querido o no han podido controlar”.

Evidencia de ello es que en el período 2001 a 2006 se registraron un total de 1,942,501 títulos prediales individuales versus solamente 490 títulos para comunidades campesinas y 59 para comunidades nativas.

La falta de financiamiento de Estado para la titulación de las tierras y territorios indígenas ha impuesto un alto costo en las organizaciones indígenas y sus aliados en sus intentos para llenar el vacío en titulación dejado por el Estado.

Las salvaguardas del Banco Mundial y, especialmente, de la Corporación Financiera Internacional, han ofrecido una protección limitada debido a su deferencia hacia las normas nacionales sobre la adquisición y expropiación de la tierra y la compensación por ella y su aceptación de las condiciones generalmente asimétricas de las negociaciones entre las partes.

Recomendaciones al BM-FMI

Scurrah recomendó al BM y al FMI que antes de discutir con los gobiernos o empresas sobre los préstamos e inversiones se debe estudiar con diligencia la normatividad relacionada a la seguridad de la tenencia de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y su aplicación.

Se deben promover reformas de políticas públicas y normativas antes de negociar préstamos y aportes de inversión en los gobiernos nacionales o subnacionales donde se garanticen estándares de seguridad territorial.

También enfatizó que se debe monitorear estrechamente los procesos de adquisición y expropiación de las tierras indígenas así como los procesos de fijación y negociación de la compensación en colaboración con representantes de la sociedad civil y las organizaciones indígenas.

Crítica al modelo extractivista

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), organización miembro del Pacto de Unidad, remarcó que la titulación comunal no es una prioridad para el Estado peruano, quién favorece la titulación individual para desestructurar a las comunidades ancestrales.

Una clara expresión de la falta de voluntad de los Estados es la dación de cinco paquetazos legislativos que reducen la seguridad jurídica y los estándares ambientales.

Estos paquetazos son elaborados por consultores por encargo de las empresas que desean apoderarse de los recursos naturales en territorios de las comunidades.

Detalló que el Pacto de Unidad en alianza con otras instituciones de la sociedad civil han presentado acciones constitucionales contra algunas de las normas y se espera que el Tribunal Constitucional cumpla su función de resolver tales demandas.

El Estado peruano no debe endeudarse para favorecer procesos de titulación que favorezcan a las empresas sino a las comunidades, dijo el dirigente cusqueño.

También efectuó una crítica a la priorización del un modelo extractivo de recursos naturales, que promueve la agro-exportación, la minería, la extracción de petróleo, gas, madera y los megaproyectos de agua, dejando de lado a la agricultura familiar, la seguridad alimentaria nacional y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y agricultores.