El Gobierno de Alan García promulgó los pasados 18 y 21 de enero dos decretos de urgencia que afectan a proyectos energéticos, de transporte y otros sectores, y que, en la práctica, otorga la "concesión definitiva" del proyecto sin ser necesaria antes la certificación medioambiental.
La aprobación de estas normativas se produce meses antes de la celebración de elecciones presidenciales, fijadas para el 10 de abril próximo, y coincide con un acuerdo entre Perú y Brasil para la construcción de hidroeléctricas en el país andino y la exportación de parte de la electricidad a su vecino.
Es una medida "contraproducente, que hace que el estudio de impacto medioambiental sea ineficaz", denunció hoy en rueda de prensa Mariano Castro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ex presidente del Consejo Nacional de Ambiente.
El vocero teme que las empresas no incorporen las recomendaciones medioambientales "a posteriori", porque los inversionistas tendrán ya la concesión otorgada, dijo.
Castro, junto con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, consideraron "inconstitucionales" las nuevas normativas y rebatieron su carácter "urgente" y "excepcional".
Además, Ruiz cuestionó la razón formal para la aplicación de estos decretos por parte del Gobierno peruano, que los justificó ante la "incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial", según aparece escrito en el texto de la normativa.
Señaló que el Ejecutivo únicamente puede promulgar decretos de urgencia en casos económicos y financieros, y no en cuestiones medioambientales como en este caso.
Rechazó, además, el carácter de urgencia: "No se da una situación de parálisis institucional", aseguró Ruiz.
Además de observar que "no queda claro" el "interés nacional" de la aprobación de los decretos, Ruiz y Castro alertaron de que estas leyes vulneran derechos humanos, porque con ellas "se compromete" el derecho de consulta de las comunidades indígenas.
Ruiz, para quien estos decretos debilitan la ya de por sí frágil ley medioambiental peruana, vinculó su aplicación con el hecho de que hay un "Gobierno y Congreso de salida" y sentenció que las normativas otorgan "privilegios a un grupo de empresarios".
Según este experto, una de las vías para derogar los decretos es la creación de una subcomisión del Congreso para que elabore, en un plazo de quince días, un informe que sería llevado a debate plenario.
Con todo, el Congreso peruano podría anular las normativas pasado ese tiempo, según Ruiz, que agregó que, de no darse esta situación, sería el Tribunal Constitucional el encargado de analizar el caso.
Uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos en Perú es la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, en el sudeste del país, que, de ejecutarse, se convertiría en la quinta hidroeléctrica más grande de Suramérica, con una producción de unos 2.000 megavatios (el doble que la central del Mantaro)
La promulgación de varios decretos sobre explotación petrolera, calificados de lesivos con el ambiente por las organizaciones indígenas amazónicas, desembocaron en junio de 2009 en unos graves enfrentamientos entre indígenas y policías, que se saldaron con 34 muertos, hechos que forzaron al Gobierno a retirar los decretos.
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