Piden derogar los decretos que eximen del estudio ambiental a proyectos de inversión

El
Gobierno de Alan García promulgó los pasados 18 y 21 de enero dos
decretos de urgencia que afectan a proyectos energéticos, de transporte
y otros sectores, y que, en la práctica, otorga la «concesión
definitiva» del proyecto sin ser necesaria antes la certificación
medioambiental.

La
aprobación de estas normativas se produce meses antes de la
celebración de elecciones presidenciales, fijadas para el 10 de abril
próximo, y coincide con un acuerdo entre Perú y Brasil para la
construcción de hidroeléctricas en el país andino y la exportación
de parte de la electricidad a su vecino.

Es una
medida «contraproducente, que hace que el estudio de impacto
medioambiental sea ineficaz», denunció hoy en rueda de prensa Mariano
Castro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ex presidente del
Consejo Nacional de Ambiente.

El
vocero teme que las empresas no incorporen las recomendaciones
medioambientales «a posteriori», porque los inversionistas tendrán ya
la concesión otorgada, dijo.

Castro,
junto con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal,
consideraron «inconstitucionales» las nuevas normativas y rebatieron su
carácter «urgente» y «excepcional».

Además,
Ruiz cuestionó la razón formal para la aplicación de estos decretos
por parte del Gobierno peruano, que los justificó ante la
«incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial», según
aparece escrito en el texto de la normativa.

Señaló
que el Ejecutivo únicamente puede promulgar decretos de urgencia en
casos económicos y financieros, y no en cuestiones medioambientales
como en este caso.

Rechazó, además, el carácter de urgencia: «No se da una situación de parálisis institucional», aseguró Ruiz.

Además
de observar que «no queda claro» el «interés nacional» de la
aprobación de los decretos, Ruiz y Castro alertaron de que estas leyes
vulneran derechos humanos, porque con ellas «se compromete» el derecho
de consulta de las comunidades indígenas.

Ruiz,
para quien estos decretos debilitan la ya de por sí frágil ley
medioambiental peruana, vinculó su aplicación con el hecho de que hay
un «Gobierno y Congreso de salida» y sentenció que las normativas
otorgan «privilegios a un grupo de empresarios».

Según
este experto, una de las vías para derogar los decretos es la creación
de una subcomisión del Congreso para que elabore, en un plazo de
quince días, un informe que sería llevado a debate plenario.

Con
todo, el Congreso peruano podría anular las normativas pasado ese
tiempo, según Ruiz, que agregó que, de no darse esta situación,
sería el Tribunal Constitucional el encargado de analizar el caso.

Uno de
los proyectos más ambiciosos y polémicos en Perú es la construcción
de la central hidroeléctrica de Inambari, en el sudeste del país, que,
de ejecutarse, se convertiría en la quinta hidroeléctrica más grande
de Suramérica, con una producción de unos 2.000 megavatios (el doble
que la central del Mantaro)

La
promulgación de varios decretos sobre explotación petrolera,
calificados de lesivos con el ambiente por las organizaciones indígenas
amazónicas, desembocaron en junio de 2009 en unos graves
enfrentamientos entre indígenas y policías, que se saldaron con 34
muertos, hechos que forzaron al Gobierno a retirar los decretos.

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