Piden derogar normas que generan conflictos sociales

Fuente: Servindi

– Ley 30230 y Decreto Supremo 001-2015-EM atropellan derechos colectivos
de comunidades campesinas sobre sus territorios.

Dirigentes indígenas, congresistas de la República y representante de
diversas instituciones civiles llamaron al gobierno a derogar de forma
urgente normas que atizan el contexto de conflictividad social en el
Perú.

El llamado se efectuó en una conferencia de prensa realizada el viernes
13 de febrero en el Congreso de la República donde participaron
representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y los
congresistas Verónika Mendoza, Manuel Dammert y Juan Pari.

Asimismo, participaron los representantes del Colectivo Territorios
Seguros, la Red Muqui entre otras organizaciones y articulaciones de la
sociedad civil.

Todos ellos rechazaron la Ley 30230 y el DS 001-2015-EM que el gobierno
expidió para alentar la inversión de actividades extractivas en
territorios comunales con el argumento de contribuir a reactivar la
economía peruana.
Coincidieron en que las normas mencionadas violan la Ley de Derecho a la
Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, y convenios
internacionales como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los voceros citados calificaron de inconstitucional el reciente Decreto
Supremo 001-2015-EM aprobado sin ningún tipo de consulta por el
Ministerio de Energía y Minas a pesar que modifica procedimientos
internos referidos a las comunidades campesinas.
Según refirieron los voceros el decreto permite que con un acta de la
junta directiva de las comunidades campesinas se puede permitir la
entrada de proyectos mineros en sus territorios, sin que se requiera la
autorización de la asamblea general, como lo establecen actualmente la
Ley de Tierras y la Ley de Comunidades Campesinas.

“Este decreto vulnera nuestros derechos comunales y autonomía. La
máxima autoridad comunal es la asamblea comunal. La junta directiva
solo encamina los procesos y esto parece que no lo entiende el
ministerio” afirmó Antolín Huáscar, presidente de la Confederación
Nacional Agraria (CNA) y coordinador del Pacto de Unidad de
Organizaciones Indígenas.

Lourdes Huanca, de la organización de mujeres FENMUCARINAP y a nombre
del Pacto de Unidad, pidió de urgencia la derogación del decreto
porque violenta la Ley de Comunidades Campesinas así como a las mujeres
campesinas al interior de las comunidades que no siempre están
representadas en las juntas directivas comunales.

El Congresista Juan Pari puntualizó que las normas cuestionadas
colisionan con otras tres normas del ordenamiento jurídico nacional
así como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pari informó que el 29 de enero se presentó una acción popular contra
el ministro de Energía y Minas por expedir una norma contraria a la
Constitución Políticia y las leyes.

Richard Smith, del Instituto del Bien Común (IBC), y en representación
del Colectivo Territorios Seguros alertó que este tipo de normas crean
un escenario muy similar al que se produjo durante el Baguazo lo cual
es sumamente preocupante.
Rosa Quedena, representante de la Red Muqui, destacó que el DS
001-2015-EM viola el principio de jerarquía de las normas y mediante
una norma inferior se pretende modificar normas de mayor jerarquía,
violentando además derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

La congresista Verónika Mendoza enfatizó que la Ley 30230 y el DS
001-2015-EM son un tipo de normas que generan y agudizan los conflictos
sociales. Demandó al gobierno que así como dialoga con los partidos
políticos entable un diálogo sincero y respetuoso con los pueblos
indígenas.

Verónika Mendoza anunció como acción inmediata la presentación de un
proyecto de Ley para la derogatoria del cuestionado decreto supremo del
sector Energia y pidió al ministerio de Cultura pronunciarse a fin de
cumplir su función de cautelar los derechos de los pueblos indígenas.

De otro se informó que ya se está preparando un pedido de
inconstitucionalidad de la Ley 30230 través del recojo de firmas que
promueve el Pacto de Unidad, el Colectivo Territorios Seguros, la Red
Muqui y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.]]>