Faltan propuestas electorales para titular el 47% de los territorios indígenas

El reconocimiento y titulación legal de las comunidades y sus territorios es una tarea pendiente de nuestros gobernantes. Reparar esta deuda histórica del Estado con las comunidades nativas y campesinas requiere que los candidatos presidenciales de 2016 incluyan en sus planes de gobierno propuestas que fortalezcan las normas responsables de garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas y se comprometan a titular alrededor de 4000 comunidades en los próximos cinco años.

Desde la Constitución Política de 1920, cuando se reconoce la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, el Estado peruano ha titulado aproximadamente 6500 comunidades indígenas que representan 36 millones de hectáreas (28% de la superficie del país), pero un siglo después, aún quedan por titular casi 4000 comunidades, aproximadamente 25 millones de hectáreas que representan el 19% del territorio nacional. La suma de esas cifras indican que el 47% de la superficie total del país es de propiedad de las comunidades campesinas y nativas, según datos del Instituto del Bien Común (IBC).

El reconocimiento  de la propiedad comunal es un componente indispensable para asegurar el futuro del  Perú. “Confiamos en que el nuevo gobierno invierta en los sistemas comunales de gestión de tierras como una estrategia inteligente para asegurar el futuro de todos los peruanos. De esta forma, se reconocerá la importancia de las tierras comunitarias en Perú, tanto en términos de extensión y población, como de su enorme aporte en varios planos, incluyendo el económico”, señala Richard C. Smith, director ejecutivo del IBC.

Los próximos gobernantes deberán fortalecer al ente rector adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI y a los gobiernos regionales para uniformizar las normas y procedimientos para la titulación comunal, según Luis Hallazi, coordinador del Colectivo Territorio Seguros para las Comunidades del Perú. Además, señala que hay que hacer frente a una reforma normativa silenciosa que está fomentando el despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y a la falta de voluntad política de generar seguridad jurídica en los territorios de dichos pueblos.

Esta falta de voluntad política ha supuesto que del casi el 50% del territorio de las comunidades indígenas, aún falte por titular el 41%, según datos del IBC. Tampoco existe una base de datos oficial sobre las 10,500 comunidades indígenas del Perú. A casi un siglo de su reconocimiento por la Constitución, no hay información oficial sobre cuántas son las comunidades indígenas y dónde están ubicadas, y aún no se han hecho propuestas concretas para atender a esta problemática.

Las propuestas políticas deben ir encaminadas hacia el respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, sin considerarlo un tema del pasado. “El mundo de las comunidades está marcado por la desatención del Estado, la exclusión e invisibilización, lo cual nos ha llevado sucesivamente por los desafíos y tareas pendientes para los gobiernos y la sociedad”, señala Richard C. Smith.

Debilitando la propiedad comunal

Desde la presidencia de Alberto Fujimori, afirma Richard C. Smith, cada gobierno de turno ha modificado las normas para debilitar la propiedad comunal mediante Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Supremos y otras normas. Así, entre 2006 y 2011 hubo un cese en la titulación, llegándose a titular aproximadamente 30 comunidades.

Durante el gobierno de Alan García se desarmó la institucionalidad estatal de saneamiento y titulación de tierras rurales, lo cual provocó una notable caída en la titulación de comunidades indígenas y predios individuales.

En sus casi cinco años de gobierno, el presidente Humala no ha tenido ninguna voluntad política para establecer un orden territorial y titular a las comunidades. Al contrario, desde inicios del 2013 ha promovido cambios normativos conocidos como paquetazos ambientales que están empezando a tener impactos en los territorios de las comunidades.