Falta de congruencia en políticas nacionales y amenazas a los PIACI en la Amazonia peruana

Pronunciamiento

Falta de congruencia en las políticas nacionales y graves amenazas a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en la Amazonía Peruana.

Hoy nos reunimos para denunciar una serie de medidas e incumplimientos que vienen afectando directamente los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y a la preservación de la Amazonía en el Perú.

La Ley Forestal es letra muerta:

Ocho años han transcurrido desde que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y sus reglamentos entraron en vigencia el 1 de octubre de 2015. Esta ley marcó un hito al incorporar principios de gobernanza, consulta previa, inclusión social, interculturalidad, enfoque ecosistémico, mejoramiento continuo y transparencia, previamente inexistentes en la legislación forestal peruana. La LFFS prohíbe de manera explícita el otorgamiento de concesiones forestales en los territorios de las reservas indígenas y en áreas en donde se busca crear reservas para la protección de los PIACI. Sin embargo, durante este tiempo, hemos sido testigos del desinterés, y la violación de esta legislación, causando mayor desprotección hacia las reservas indígenas, las reservas territoriales y aquellas en proceso de solicitud, y, en suma, limitando las salvaguardas para la protección de los PIACI.

Un promotor de esta alarmante violación sistemática de la LFFS es el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), que ha otorgado 47 concesiones forestales ilegales sobre casi tres mil kilómetros cuadrados superponiéndose a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y al área de la propuesta de Reserva Indígena Yavarí Mirim, en proceso de creación, pese a la prohibición expresa que establece la LFFS. Ello ha favorecido invasiones masivas de madereros en los mencionados territorios de los PIACI. El GOREL tampoco ha acatado la sentencia del Segundo Juzgado Civil de la Corte de Loreto confifirmada por la Sala Civil de la misma corte que ordena que “… la GERFOR y al GOREL se abstengan de iniciar un proceso de otorgamiento y/o reactivación de concesiones forestales en el ámbito de las reservas Indígenas solicitadas “Yavarí Tapiche”, “Yavarí Mirim”, “Napo Tigre” y “Sierra del Divisor Occidental””.

El Ministerio de Cultura, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del

Congreso de la República han solicitado reiteradamente la nulidad de las concesiones forestales ilegales, pero, hasta la fecha, no se ha adoptado alguna medida concreta que obligue al GOREL a cumplir con la ley y con lo ordenado por el Poder Judicial.

Amenazas contra los PIACI:

Las amenazas contra los PIACI son numerosas y entre ellas se encuentran latentes las propuestas de construcción de carreteras en la Amazonía. El impacto de las carreteras no se limita a la deforestación del área de construcción, sino que abarca los impactos directos, como el llamado “derecho de vía”, que puede afectar hasta un kilómetro a cada lado de esta. En cuanto a los impactos indirectos, estos pueden llegar a afectar hasta 50 kilómetros a cada lado en el lapso de diez años, como consecuencia de la apertura de caminos transversales para dar lugar a campos de cultivo o zonas de extracción forestal y minera, tanto legales como ilegales.

Estas carreteras comportan mayor riesgo cuando su trazo discurre a poca distancia de los territorios de PIACI, como es el caso del proyecto “Construcción del Camino Vecinal del Sector

Vista Alegre Mishahua hacia Alto Mishahua, del distrito de Megantoni, La Convención – Cusco”, proyecto presentado por la Municipalidad Distrital de Megantoni y cuyo último tramo se encuentra a escasos 200 metros de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.

Un caso similar presenta la propuesta vía de articulación Pucallpa – Cruzeiro do Sul que ha reactivado el gobierno regional de Ucayali. El trazo propuesto vulnera el territorio de al menos diez comunidades indígenas de las naciones Shipibo y Ashéninka, y afectaría a la Reserva Indígena Isconahua y al Parque Nacional Sierra del Divisor, hogar de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

Otra amenaza es la promoción de 31 áreas para la exploración de hidrocarburos en regiones como Ucayali y Madre de Dios, que, desde mayo de 2023, Perupetro promueve ante inversionistas. Estas áreas se superponen a territorios indígenas, a zonas cercanas a reservas PIACI y a las mismas reservas, como es el caso de la Reserva Indígena Madre de Dios.La postura del gobierno peruano en el ámbito internacional respecto a la protección de los derechos indígenas y la conservación de la Amazonía es incongruente con sus acciones internas.

Mientras se fifirman acuerdos internacionales para la protección de los bosques y el respeto a los derechos indígenas, las acciones en el territorio peruano socavan estos esfuerzos y amenazan la Amazonía y a los PIACI. Esta violación de los compromisos internacionales afecta la imagen de nuestro país como una nación seria, con políticas coherentes y comprometida con el cumplimiento de la ley y, sobre todo, entorpece la lucha por la preservación de nuestro planeta y el respeto a los derechos humanos.

Exhortamos al Estado peruano a actuar de manera congruente con el marco normativo vigente y disponer la anulación inmediata de las concesiones forestales ilegales en territorios de los PIACI, además de suspender cualquier proyecto de infraestructura u otorgamiento de concesiones que amenacen los derechos de estas poblaciones altamente vulnerables que son tan peruanas como el resto de nosotros.

Lima, 31 de octubre de 2023

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

Derecho Ambiente y Recursos Naturales

Instituto del Bien Común