¿Qué hay detrás de los asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía peruana?

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Por Luis Hallazi, colaborador del Instituto del Bien Común

Es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos originarios. Su integridad y su propia supervivencia están en juego.

Al asesinato en la última semana de febrero de dos líderes indígenas del pueblo kakataibo –Herasmo García, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos, de las comunidades Puerto Nuevo–, se suman otras diez muertes violentas de líderes indígenas y ambientales en la Amazonía peruana desde el inicio de la pandemia de covid-19. La última de ellas, hace tan solo unos días, cuando encontraban el cuerpo sin vida de Estela Casanto, lideresa asháninka, presuntamente asesinada en el marco de un conflicto por acaparamiento de tierras.

En el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería y la tala ilegales, el tráfico de tierras o el narcotráfico. Esta situación se agrava al no existir la debida seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la titulación de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras.

Este pueblo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, cerca de las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, cuenta con una población que el Estado peruano calcula en 3.715 personas, aunque la información que hemos recabado en el Instituto del Bien Común cifra en 7.500 las personas que forman parte del pueblo kakataibo. Esto es solo una muestra de los límites del Estado peruano para obtener una información más precisa no solo de este pueblo sino de los 55 pueblos indígenas que habitan en el Perú.

Los hechos de violencia en esta región amazónica tienen un precedente claro que se remonta a enero de 2020, cuando Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad Unipacuyacu del pueblo kakataibo, y otros dirigentes indígenas informaron al entonces Relator Especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Michel Forst, sobre las amenazas e intimidaciones que soportaban dichos líderes. Tras la visita realizada, el relator entregó una declaración con recomendaciones y propuestas al Estado para proteger a los defensores de derechos. Sin embargo, dos meses después, al inicio de la pandemia declarada en Perú, Arbildo Meléndez fue asesinado en un bosque cerca de su comunidad.

La mecánica de la violencia contra líderes indígenas

Esta misma dinámica se repite en el caso de Herasmo García. Hace dos meses y medio, una comitiva de líderes indígenas y defensores de derechos visitó Lima para denunciar actos de amenazas y hostigamiento. En ese momento, se estimaba que unas 15 comunidades nativas de Huánuco y Ucayali, empezando por sus respectivos líderes, estaban amenazados por invasores de tierras y narcotraficantes. Tras la reunión de la comitiva con diversas autoridades, entre ellas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, con el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas y la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se identificaron a las comunidades nativas de Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino como las que estaban en mayor peligro.

Herasmo García, de 28 años, fue secuestrado el 25 de febrero y un día después encontraron su cadáver con impactos de bala cerca de los caseríos habitados por colonos dedicados al cultivo ilegal de coca que se han establecido dentro de su territorio. Las imágenes enviadas por los líderes indígenas confirman la crueldad del asesinato.

En el caso de Yenes Ríos, joven Kakataibo de 27 años, su asesinato se produjo cinco días antes del de Herasmo y su cadáver se encontró en una zona cercana al lugar donde días después fue encontrado el de su compañero. También murió por impactos de bala. Ambos jóvenes eran voluntarios del comité de vigilancia y control forestal en sus comunidades, y ambos estaban comprometidos en la defensa de sus bosques contra la tala ilegal y el narcotráfico.

Acompañar y proteger a las comunidades nativas ante las amenazas de la economía ilegal

A pesar de que aún hay una investigación en curso y que los móviles de los asesinatos están en camino a conocerse, con la información recabada se presume que los trágicos hechos están relacionados con el creciente avance del narcotráfico y las invasiones de tierras comunales para el tráfico de tierras, muchas de ellas utilizadas para la siembra ilegal de coca.

Los recientes asesinatos son consecuencia, en nuestra opinión, de las diversas causas estructurales identificadas líneas arriba, a las que se suman la desprotección y el abandono que sienten muchos pueblos amazónicos.

Por su parte, el Estado peruano, aprobó en abril de 2019 un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y un registro sobre situaciones de riesgo. Asimismo, está pendiente de aprobación un mecanismo que garantice la labor sectorial e intergubernamental para hacer efectiva su protección, además de otras medidas encaminadas a tener una política nacional en este sentido.

El trabajo de incidencia es un ámbito de trabajo fundamental para organizaciones civiles como el Instituto del Bien Común. Junto a otras entidades nacionales y con el apoyo de instituciones internacionales como Manos Unidas, luchamos por ir más allá de la atención a los casos concretos para poder abordar los problemas estructurales que generan la violencia en la Amazonía.

En este contexto y como lo demuestran estas últimas muertes, es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego.

Artículo publicado en el diario El País de España el 16 de marzo de 2021

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