Lima, 10 de noviembre. La preocupación por frenar la desaceleración de la producción nacional sumada a la presión del gremio empresarial han motivado al gobierno del presidente Humala a promover entre 2013 y 2015 una serie de medidas económicas que favorecen a los inversionistas, dándole la espalda a la realidad social del país. Según los especialistas, estas normas, lejos de lograr su cometido de reactivar la economía, han debilitado la protección del ambiente, el patrimonio cultural y la seguridad jurídica de los territorios indígenas y comunales, generando preocupación entre la sociedad civil.
“A la gran demanda insatisfecha de seguridad jurídica de las tierras se está respondiendo con una sucesión de amenazas de despojo, y esto solo puede generar desconfianza y mayores conflictos sociales”, declara Richard Chase Smith, director Ejecutivo del Instituto del Bien Común, organización que, en el marco del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, ha impulsado la elaboración del estudio Estrategias del Despojo. La propiedad comunal en el Perú. Análisis jurídico de la Ley 30230. Dicho estudio será presentado al público este 10 de noviembre en Lima.
La crítica generalizada de los especialistas apunta a que el gobierno, en su afán de mostrar resultados rápidos de proyectos de inversión privada, ha actuado con ligereza e irresponsabilidad al regular con procedimientos sumarios y parcializados, y sin el debido debate público, sobre un tema tan serio como el de la propiedad, sin antes ordenar y asegurar los derechos preexistentes; en este caso los de los pueblos indígenas y comunidades.
El estudio Estrategias del Despojo. La propiedad comunal en el Perú analiza la Ley 30230, comprende los siguientes aspectos: Constitucional, Competencias Administrativas de los Gobiernos Regionales, Derechos de los pueblos indígenas, y Aspectos relacionados al Derecho Registral. Ha sido elaborado por los abogados especialistas Juan Carlos Ruiz, Cinthia Mongylardi Campos, Marco A. Huaco Palomino y Jorge Ortiz Pasco, bajo la coordinación de Miluska Carhuavilca.
En el evento participarán Humberto Campodónico, docente de la Universidad Nacional Mayor San Marcos; Alejandro Diez, docente de la Pontificia Universidad Católica; Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal; Richard Chase Smith, director ejecutivo del IBC; y Ermeto Tuesta, técnico SIG awajún de la misma organización.
Según el análisis, la Ley 30230, aprobada en julio de 2014, introduce procedimientos especiales con el fin de entregar tierras a proyectos de inversión, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Los especialistas coinciden en que esta norma constituye una amenaza cierta e inminente a la subsistencia de los pueblos indígenas. Al desproteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, esta ley atenta contra la Constitución Política del Estado. Este aspecto ha motivado una demanda ante el Tribunal Constitucional cursada por organizaciones indígenas. A la fecha, el tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre dicha demanda, excediéndose al plazo establecido.
Una serie de medidas han sido aprobadas con posterioridad a la Ley 30230 con el fin de flexibilizar aún más el marco normativo nacional en materia de derechos ambientales y derechos territoriales de pueblos indígenas.
El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú está compuesto por 26 organizaciones de la sociedad civil, y comprende organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas e instituciones que trabajan para fortalecer a las comunidades campesinas uy nativas del Perú.
La situación de inseguridad de la tenencia de la tierra que enfrentan actualmente los pueblos indígenas y comunidades del Perú no es aislado, por lo que esta presentación se realizará en el marco del lanzamiento de Landmark, primera plataforma global interactiva que contiene mapas e información clave sobre las tierras que son propiedad colectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, entre cuyos impulsores se encuentra el Instituto del Bien Común. Esta iniciativa responde al gran desafío global que plantean, de un lado la inseguridad jurídica e invisibilidad de las tierras comunitarias y, de otro, la creciente demanda de tierras y recursos naturales por parte de grandes corporaciones privadas.
Para mayor información contactar a:
María Rosa Montes
Instituto del Bien Común
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