En la carta se exige la implementación de una estrategia nacional para mitigar los problemas sociales y ambientales que la minería informal viene produciendo. Entre las medidas a mediano plazo sugeridas destacan el decretar la permanencia de la fuerza pública en Madre de Dios y/o establecer un control sobre el transporte y la comercialización de repuestos, equipos e insumos usados en la minería informal.
Por otra parte, insta a adoptar medidas a corto plazo, como la plena incorporación de la minería de oro aluvial al sistema de tributación nacional; la investigación y desactivación de las redes económicas delictivas sustentadas por esta minería; o la coordinación inter-sectorial y entre niveles de gobierno para avanzar políticas de desarrollo sostenible.
El Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA-UPCH) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) son algunas de las organizaciones que suscriben esta carta, que además lleva la firma de Rafo León y Sonaly Tuesta, el cineasta Daniel Winitzky, la artista gráfica Gredna Landolt, el experto en temas amazónicos Stefano Varese, así como los ambientalistas Ernesto Ráez Luna, Carlos Loret de Mola, Augusto Mulánovich, Pedro Solano, entre otros.
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