Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra solicita derogar normas que incrementarán conflictos sociales

Fuente: Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra

El pasado viernes 13 de febrero se realizó la conferencia de prensa en el Congreso de la República, convocada
por congresistas como Verónika Mendoza, Manuel Dammert y Juan Pari, además de dirigentes indígenas y
representantes de instituciones civiles; los cuales hicieron escuchar sus posturas al respecto de las nuevas
normas: la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM y el Proyecto de Ley 3941-2014 PE, los que podrían
incrementar los conflictos territoriales.

Richard Smith, Director del Instituto del Bien Común (IBC), Representante del Colectivo Territorios Seguros
para las Comunidades del Perú y miembro de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, se unió a la
propuesta de ley para lograr la derogatoria de estas normas por considerarlas serias amenazas al régimen de
propiedad comunal, poniendo en peligro los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas
del Perú.

En esta reunión se rechazaron rotundamente la Ley 30230 y el DS 001-2015-EM que el gobierno aprobó con la
finalidad de promover inversiones para reactivar la economía, lamentablemente a costa de recortar derechos
territoriales de comunidades campesinas y nativas. Ambas normas tiene serios vicios de inconstitucionalidad,
además de vulnerar tratados internacionales como el Convenio N° 169 de la OIT. Pero además, en el caso del
DS 001-2015-EM, se encuentran vicios de ilegalidad puesto que pretende derogar artículos de una ley orgánica
como la Ley de Comunidades Campesinas, Ley 24656 y la Ley de Tierras, Ley 26505.

Richard Smith alertó que este tipo de normas crean un escenario muy similar al que se produjo durante el
fatídico Baguazo, que originó daños que hasta el día de hoy no se logran reparar, principalmente la pérdida de
vidas humanas.

Se informó también que se está preparando un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 30230 a través de la
recolección de 5000 firmas promovido por el Pacto de Unidad, el Colectivo Territorios Seguros, la Red Muqui y
el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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