Las organizaciones indígenas de Loreto, articuladas en la Plataforma Indígena de Infraestructura Sostenible para Loreto, advirtieron en rueda de prensa que el proyecto vial Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho (Ruta Nacional PE-5N I), impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representa una grave amenaza para los pueblos indígenas, los ecosistemas amazónicos y la seguridad nacional en la frontera con Colombia.
“Los pueblos indígenas nos hemos organizado como plataforma para evaluar los proyectos que se están promoviendo en nuestros territorios, sin que se nos tome en cuenta”, señaló Adme Aspajo, presidente de la Plataforma Indígena de Infraestructura Sostenible para Loreto.
Pese a la magnitud de los impactos, el Tramo IV no ha sido sometido a un proceso de consulta previa, tal como lo exige la legislación nacional e internacional. Esta situación llevó a los pueblos indígenas del territorio afectado a conformar en 2024 la Plataforma Indígena de Infraestructura Sostenible para Loreto, desde donde han expresado su oposición total a la construcción de este tramo. Este espacio cuenta con el respaldo de las organizaciones indígenas ORPIO y AIDESEP.
El mayor riesgo se concentra en el Tramo IV (Salvador – El Estrecho), de 144.95 km, que atravesaría el paisaje Napo–Putumayo–Bajo Amazonas, uno de los territorios bioculturales más conservados de la Amazonía peruana. Esta zona alberga cinco áreas naturales protegidas, que en conjunto superan 1.8 millones de hectáreas, y es el territorio ancestral de ocho pueblos indígenas: Maijuna, Kichwa, Bora, Yagua, Ocaina, Murui, Secoya y Ticuna.
La evidencia científica demuestra que el 83% de la deforestación en la Amazonía peruana ocurre a menos de 20 km de una carretera, por lo que la apertura de esta vía pondría en riesgo directo a áreas protegidas y comunidades indígenas. El trazo afectaría de manera directa a 6 comunidades nativas y hasta 25 comunidades dentro de una zona de influencia de 10 km.
Las organizaciones indígenas advierten además que, en un contexto de débil presencia estatal en la frontera, la carretera facilitaría la expansión de economías ilegales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegales, reduciendo costos de transporte y fortaleciendo el control de grupos criminales en la zona. Experiencias previas en tramos ya construidos evidencian invasiones, deforestación acelerada y conflictos sociales, como ocurre en la comunidad nativa murui de Centro Arenal.
“Los pueblos indígenas existimos desde antes que el Estado, y hoy seguimos siendo discriminados y no valorados. Esta plataforma no se ha creado para oponerse al desarrollo, sino para exigir que se respeten nuestros derechos y que cualquier obra se haga con consulta previa”, afirmó Beltrán Sandy, presidente de ORPIO.
La Plataforma Indígena de Infraestructura Sostenible para Loreto surge como un espacio de defensa territorial e incidencia política, que busca promover un enfoque de infraestructura que respete los derechos colectivos y la sostenibilidad del territorio amazónico.
En esa línea, Iván Brehaut, representante de ProPurus, destacó que “la plataforma busca que la población tenga una voz activa para proponer al Estado cómo planificar mejor, desde las propias comunidades y sus organizaciones, obras que realmente beneficien a la población”.
