Preocupa a organizaciones indígenas el debilitamiento de sus derechos territoriales

”Las organizaciones indígenas no se oponen al desarrollo del país,
sino que, al contrario, están a favor de las inversiones, pero con
respeto a los pueblos indígenas y sus territorios”, afirma la
dirigente Asháninka Ketty Marcelo. “El Estado podría impulsar una
inversión responsable fortaleciendo las normas y delimitando
adecuadamente los territorios de las comunidades campesinas y nativas,
con la aplicación adecuada del ordenamiento territorial y la consulta
previa, entre otros”, expresó la dirigente refiriéndose a las
medidas del gobierno que han suscitado la demanda presentada ante el
Tribunal Constitucional el pasado 10 abril.

La Ley 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que
busca promover y dinamizar la inversión en el país, vulnera los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son garantizados por
la Constitución Política del Perú, afirman las organizaciones
indígenas, y esto fue lo que motivó al Pacto de Unidad, conformado por
seis organizaciones Indígenas nacionales, con AIDESEP y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a presentar la demanda de
inconstitucionalidad. El Tribunal deberá valorar si dicha ley respeta
la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales,
principalmente el Convenio 169 de la OIT, ratificados por el Perú.

La demanda responsabiliza al Estado peruano de vulnerar derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, pasando por alto los
instrumentos internacionales que los protegen, como el derecho a la
tierra y al territorio, el derecho a la Consulta y el derecho a vivir en
un medio ambiente equilibrado.
Antolín Huascar, dirigente de la Confederación Nacional Agraria (CNA),
advirtió que el gobierno no puede disponer de territorios que no son
suyos. “Para los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al
territorio es especialmente importante porque es allí donde se
estructura toda su vida social, económica y política. Si se amenaza el
territorio, se atenta contra la vida de estos pueblos”, concluyó.

“En vez de titular los territorios de las comunidades campesinas y
nativas, el Estado dispone de ellos en favor de las empresas
extractivas. Así, la Ley 30230 permite decidir al Estado sobre la
propiedad de sus tierras y elimina la esencia del ordenamiento
territorial, que consiste en establecer los usos del territorio”,
afirma Richard Chase Smith, del Instituto del Bien Común. De otro lado,
Smith advirtió que la exclusión de las tierras de comunidades
campesinas y nativas establecida en el reciente reglamento de dicha ley,
si bien es un importante paso adelante, no elimina el peligro para la
propiedad de las comunidades indígenas, pues no comprende a las tierras
en posesión, cuyo título aún no ha sido emitido por el Estado.

El proyecto de Ley 3941, también destinado a incentivar la inversión,
presentado al Congreso en noviembre de 2014, establece la declaración
de servidumbres de interés nacional. Según Juan Carlos Ruiz, abogado
del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta ley acelerará el acceso a
las tierras por parte de proyectos de inversión. “La implementación
de la Ley 30230 y el proyecto de Ley 3941 crean unas condiciones
jurídicas que facilitarán el acceso de las empresas extractivas a los
territorios de las comunidades, vulnerando derechos constitucionales”.

“El Estado ha renunciado a la posibilidad de crecimiento económico
respetando los parámetros democráticos, los derechos ambientales y de
los pueblos indígenas” afirmó Ketty Marcelo, dirigente asháninka y
Vicepresidenta de ONAMIAP. “No se ha aprendido nada de lo que sucedió
en Bagua”, concluyó, refiriéndose a la aprobación de un conjunto
de decretos legislativos en 2009 que debilitaban la seguridad de los
territorios indígenas que condujo a trágicos sucesos en la Amazonía.

Ante esta situación, las organizaciones indígenas advierten que
saldrán a protestar si el gobierno no deroga estas leyes. “Estamos
unidos, fortalecidos para seguir en la lucha técnica, social y
política. Seguiremos luchando hasta conseguir el respeto por nuestros
derechos”, declaró Idelso Hernández, dirigente de la Central Única
Nacional de Rondas Campesina del Perú (CUNARCP).]]>